22 noviembre 2019
El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha anunciado que su grupo va a presentar en el próximo pleno de la institución provincial una moción, para la "defensa de la libertad educativa".
En el texto se argumenta que, a lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).
A este respecto, Sánchez Juliá ha recordado que el último proyecto de ley del partido socialista, la llamada LOMLOE, "cuestiona" el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución.
El portavoz ha destacado que a todo esto hay que sumarle la preocupación por las recientes manifestaciones de la ministra de Educación, y que "han generado una gran alarma social, ya que cuestionan que los padres puedan elegir la educación de sus hijos".
Este asunto se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro, ignorando el Art 27.3 de la Constitución Española que establece con claridad que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Por todo ello, el PP va a pedir a través de esta moción que se respete y defienda la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal constitucional en relación al Art 27, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Además, los "populares" quieren que se garantice a los padres que puedan elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos, ya que consideran "importante" la defensa de la red de centros concertados como "garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública", tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, porque hay que asegurar la igualdad de oportunidades de las familias para la enseñanza pública y privada-concertada.
Para Sánchez Juliá, "es imprescindible respetar y cumplir" el Art 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
