Peritos de Estación Biológica de Doñana defienden la demolición parcial Valdecañas

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha celebrado este jueves una vista pública en la que los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, órgano dependientes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han dado explicaciones sobre el informe pericial encargado por el TSJEx, para determinar el impacto medioambiental y económico del derribo del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, situado en la provincia de Cáceres.

Los cinco peritos que han realizado el informe, en el que se defiende una demolición parcial del complejo, han contestado durante casi cuatro horas a las preguntas de las partes implicadas en este conflicto como son el promotor del complejo (Marina Isla de Valdecañas SA), las tres comunidades de propietarios de las villas de la isla, la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que fueron las que presentaron la denuncia por delito contra el medio ambiente.

El estudio, de unas 1.100 páginas recoge una respuesta técnica a las dudas planteadas por los magistrados sobre el futuro de la urbanización levantada junto al pantano de Valdecañas, en los términos municipales de las localidades cacereñas de El Gordo y Berrocalejo. El complejo se construyó en un espacio protegido que debe ser restituido a su estado original, según las sentencias del TSJEx y del Tribunal Supremo, que obligan a la demolición de la urbanización.

Los expertos aconsejan una demolición de la estructura selectiva por lo que no sería necesario destruir la red de saneamiento o la depuradora de aguas, entre otras cuestiones.

Antes de iniciar la vista, que ha tenido lugar en la sede del TSJEx en Cáceres, el letrado general de la Junta de Extremadura, José Manuel Jover, ha incidido en que el informe del CSIC plantea "serias dudas" y considera que hay "alternativas" a algunas cuestiones que recoge el estudio realizado por los peritos y que concluye que hay que derribar las construcciones del complejo.

En este sentido, ha señalado que la clave está en que se hayan tomado los datos de forma correcta para llegar a las conclusiones, con las que la Junta no está de acuerdo. "Ni siquiera estamos de acuerdo en cómo han llegado a esas conclusiones", ha apuntado el abogado en declaraciones a los medios minutos antes de la vista.

Por su parte, el abogado de dos de las comunidades de propietarios, Luis Díaz-Ambrona, considera que en el informe de los técnicos hay algunas cuestiones que "no están claras" y que tienen que ver con la metodología que se ha utilizado para realizar el peritaje, ya que plantea que "no se ha acudido a determinadas fuentes para obtener datos de lo que era la isla antes de construirse el complejo".

"No se ha solicitado información a organismos públicos o, por ejemplo, a la Sociedad Española de Ornitología", ha apuntado el letrado que añade que los técnicos de Doñana "se basan en hipótesis" y en "simular escenarios" cuando "hay mucha documentación oficial que se ajusta a la realidad", ha dicho el abogado.

Así, cree que "no es normal" que se tomen como modelo ambiental de la Isla de Valdecañas espacios alejados como Cataluña en lugar de otros espacios cercanos de Extremadura. No obstante, considera que el informe está documentado pero "tiene puntos vulnerables" y apunta que sus conclusiones "no se basan en datos reales sino en posibles escenarios que no reflejan exactamente lo que ha supuesto medioambientalmente el complejo urbanístico y lo que supone para toda la región", ha indicado Díaz-Ambrona.

La defensa de los propietarios ha planteado medidas correctoras que pueden "compensar" la intervención urbanística ya que "ir a la demolición sería un daño medioambiental más grave que mantener el complejo con una serie de medidas correctoras que se pueden adoptar".

UN INFORME "BASTANTE CLARO"

Por el contrario, desde Ecologistas en Acción, su abogado José María Trillo-Figueroa ha defendido el informe pericial que considera "bastante claro", ya que señala el impacto que ha supuesto la construcción del complejo Isla de Valdecañas sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Trillo ha criticado la falta de metodología, pero no en la realización del informe pericial de los técnicos de Doñana, sino en el control y seguimiento que se hizo por parte de la Junta de Extremadura que, a su juicio, no evaluó el impacto que podría causar ni los efectos sociales y económicos que puede tener sobre la comarca esta urbanización.

Según ha señalado el abogado de la asociación ecologista "el informe es bastante riguroso", y recuerda que no se han aplicado medidas correctoras como el balizamiento del embalse para que no se pueda navegar en diversos sitios, o la instalación de pantallas vegetales para minimizar el impacto del proyecto.

"No se han llevado a cabo las medidas correctoras por lo que dudo mucho que esto vaya a mejorar", ha subrayado el letrado que insiste en que el uso de la urbanización tienen mayor impacto que el derribo porque la huella ecológica del derribo sería el 1% de mantener la urbanización en uso urbano. "La única forma de alcanzar la conservación previa al proyecto es desurbanizando la isla", ha sentenciado.

En parecidos términos se ha pronunciado la abogada de Adenex, María Ángeles López, quien "no tienen ninguna duda" sobre el informe que, a su juicio, deja claro que "lo que más daño hace es el uso" por lo que si se plantea otra alternativa como mantener las edificaciones sin usar también se descarta ya que se va quedando en ruina y los edificios tienen componentes químicos peligrosos que van calando en la tierra y luego esas ruinas pueden ser ocupadas por otras personas que podrían seguir con el impacto actual.

"Si el mayor impacto que hay es el del uso de la urbanización como complejo en su estado actual, habría que buscar una solución que no comportara el uso de las personas y no se me ocurre otra cosa que la demolición dado que las ruinas tampoco son aconsejables", ha manifestado. "Hay que ser realistas y la única solución es el derribo tristemente porque a nadie nos gusta esa solución", ha concluido.

Cabe recordar que el TSJEx encargó a la Estación Biológica de Doñana un informe antes de proceder a la ejecución de la sentencia que obliga al derribo del complejo Isla de Valdecañas. El estudio se entregó el pasado mes de enero y ahora los peritos han dado explicaciones y han aclarado dudas tanto al órgano judicial como a las partes implicadas en este conficto.

Con esta nueva cita judicial, el caso de la Isla de Valdecañas que comenzó hace diez años, entra en su última fase. Una vez concluya la vista, el TSJEx deberá dictar una resolución y se abrirá un plazo de veinte días para que cada parte se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia o la imposibilidad de ejecutarla, según sus intereses.

Después, el TSJEx tendrá otros 20 días para contestar a las peticiones formuladas por las partes implicadas en el conflicto lo que dará paso a una resolución final que pondrá fin a la fase de ejecución de la sentencia de derribo que pesa sobre el complejo Isla de Valdecañas.

Sobre este mismo caso el Tribunal Constitucional (TC) todavía debe pronunciarse sobre si los cambios que aprobó la Asamblea de Extremadura en la ley del suelo para legalizar este Proyecto de Interés Regional (PIR) son constitucionales o no. Precisamente, el presidente de la Sala de los Contencioso del TSJEx, Daniel Ruiz Ballesteros, ha pedido a las partes que, en el proceso de alegaciones, se pronuncien sobre la cuestión de inconstitucionalidad.