18 diciembre 2018
Ep.
La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha presentado el pasado día 13 una primera petición oficial ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura en la que solicita que se reconozca que ha caducado el procedimiento de concesión de explotación del proyecto de mina en el paraje de Valdeflores y, en consecuencia, ordene el archivo de las actuaciones.
En ese escrito se recuerda que el 10 de octubre de 2017, la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) solicitó ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas la concesión de una explotación de litio sobre una superficie de dos cuadrículas mineras, afirmando que la mercantil era titular del permiso de investigación otorgado a Valoriza Minería con fecha 13 de octubre de 2016 por un año.
En su comparecencia ante el pleno de la Asamblea de Extremadura, que tuvo lugar el 8 de febrero de este año 2018, el entonces consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, defendió que en este asunto de la mina de litio de Cáceres se estaban aplicando "rigurosa y escrupulosamente" las normas y que "no podía dar carpetazo" al expediente, a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Cáceres a modificar su Plan General Municipal (PGM) para permitir las pretensiones empresariales.
El consejero también auguró que todo el proceso podía durar dos años, lo cual es cuestionado por la plataforma ya que el procedimiento de concesión de explotación derivada de permiso de investigación debería ser tramitado y resuelto en un plazo máximo de ocho meses desde su inicio, transcurrido el cual la administración debería declarar la caducidad del procedimiento, según una resolución regional de 2009.
Sin embargo, en lugar de acelerar y concluir la tramitación en vista de la actual imposibilidad urbanística de implantar una mina a cielo abierto en el valle de Valdeflores, la Dirección General de Industria, Energía y Minas hasta en dos ocasiones, en los meses de mayo y noviembre, ha pedido a TEL que subsanara "múltiples carencias de su proyecto inicial aportando nueva documentación".
Según la plataforma, esta forma de actuar podría llevar a que no se dicte una resolución de este expediente de concesión sobre las dos cuadrículas mineras hasta después de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2019.
Además, critica que de esta forma aumentarían las expectativas del Grupo Sacyr (entidad matriz de Valoriza Minería, que es la propietaria de TEL) y de la empresa australiana Infinity Lithium para poder vencer la actual oposición del consistorio cacereño a modificar su Plan General Municipal (PGM) y "así salvar el obstáculo que en este momento impide la mina", asegura la asociación.
"Parece una contradicción que, por una parte, el titular de la Consejería de Economía e Infraestructuras afirmara en febrero ante la Asamblea de Extremadura que su departamento era extremadamente exquisito aplicando la normativa, la cual es según él absolutamente garantista, y que, por otra parte, más de catorce meses después de haberse iniciado este procedimiento la Dirección General de Industria, Energía y Minas aún no haya dictado una resolución, teniendo en cuenta que contaba para hacerlo con ocho meses", asegura en nota de prensa la plataforma.
La asociación Salvemos la Montaña de Cáceres también recuerda en su escrito que, según establece el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo".
Por todo ello, solicita que Samuel Ruiz Fernández, como titular actual de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y responsable del cumplimiento de la legislación dentro de ese organismo, "disipe toda sospecha acerca de la existencia de un trato de favor a las empresas del grupo Sacyr, en perjuicio de la ciudadanía cacereña" y "adopte las medidas necesarias para que sin más demora, y en todo caso antes de mayo de 2019, se archive el expediente de concesión de Valdeflores", concluye.
