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Vecinos de La Madrila aseguran que ruido era insoportable

El juicio por el ruido de la zona de copas ha celebrado una nueva sesión en la que han comenzando las declaraciones de los vecinos afectados

04 octubre 2017 | Publicado : 13:10 (04/10/2017) | Actualizado: 19:02 (04/10/2017)

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El juicio por el ruido de la zona de copas de La Madrila en Cáceres ha celebrado este miércoles una nueva sesión en la que han comenzando las declaraciones de los vecinos afectados que han mantenido que la situación era "insoportable" y que, en algunos casos, "temblaban las paredes" y "vibraban los cristales" debido a la música de los locales, lo que influyó en su calidad de vida y provocó problemas personales y familiares debido a la situación de nerviosismo que se vivía todas las semanas, de jueves a domingo.

"Tuve que quitar los cuadros porque se caían de las paredes", ha declarado Emiliano Agudo, uno de los vecinos afectados que vive en la avenida de Hernán Cortés y cuya vivienda está situada encima de tres de los locales denunciados por la Asociación Cacereños Contra el Ruido, creada en 2008 e impulsora de la querella criminal que ha sentado en el banquillo a la ex alcaldesa de la ciudad, Carmen Heras, al concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, y a once empresarios de bares.

Agudo ha respondido, a preguntas del Ministerio Fiscal, que interponía denuncias "casi todos los fines de semana" y que, incluso, se personaba en algunos de los locales para pedir que se bajara la música o en las dependencias de la Policía Local a altas horas de la madrugada pero "no" conseguía que se solucionase el problema. Los locales que afectaban a su casa eran la discoteca Down, Maquiavello y Súgar.

"Nunca me contestaron por las denuncias y siempre me decían que se estaban tramitando", ha dicho este vecino que asegura que decidió integrarse en la asociación e iniciar el proceso penal "por desesperación", ya que la situación llegó a crear un "conflicto de familia" cuando decidieron marcharse "todos los fines de semana" a dormir al pueblo de su suegro y, sus hijas, que por entonces tenían 18 y 23 años, no querían irse en todas las ocasiones.

Respecto a las mediciones que se realizaron en su casa para saber el nivel de ruido, ha especificado que las llevaron a cabo tanto miembros de la Policía Local como agentes del Seprona de la Guardia Civil, pero después se negaron a que las realizaran agentes locales porque "no" le daban ninguna clase de notificación.

En respuesta a si las medidas que se adoptaron por parte del Gobierno municipal, como cerrar al tráfico la calle Santa Teresa de Jesús, mejoraron la situación, ha respondido que "no" porque el ruido procedía de los locales y no tanto de la gente que se acumulaba a la entrada de estos.

"ESE BARRIO NOS DA POCOS VOTOS"

En un momento de la declaración, el abogado de la Asociación Cacereños Contra el Ruido le ha preguntado que si habló personalmente con algunos de los responsables políticos acusados y ha respondido que sí mantuvo una conversación con el concejal Carlos Jurado al principio de su legislatura para decirles que el barrio vivía "un problema gordo" y le preguntó que qué iban a hacer para solucionarlo.

"El concejal me respondió que lo intentarían pero que, la verdad, es que ese barrio les daba pocos votos", ha subrayado este afectado que ha asegurado en aquellos años, de 2008 a 2011, estaba "deprimido completamente" por la situación, aunque no acudió nunca a un médico que avalara su estado emocional.

Otro de los vecinos afectados, Francisco García, que vive en un cuarto piso de la calle Santa Teresa de Jesús desde 2003, ha testificado que los problemas de ruido "se descontrolaron" y "cada vez iban a peor" por lo que decidieron denunciar, porque la situación era "insoportable". "De jueves a domingo en mi casa no se podía dormir", ha asegurado emocionado al recordar que para que su hija pequeña, nacida en 2007, pudiera conciliar el sueño la acostaban en el carrito en el pasillo cerrando todas las puertas de las habitaciones.

El local Submarino, situado frente a su vivienda, tenía "siempre" una de las puertas abierta y la música se oía "como si estuviera dentro de la casa". Además, sufrían otro tipo de problemas como que las personas que salían del bar orinaban, defecaban y vomitaban en la puerta del edificio, por lo que también llegó a poner denuncias por salubridad. También le afectaba el ruido del Airbag que luego se llamó de otra forma y más tarde albergó un local de bocadillos que no ponía música.

"Cientos de veces llamaba a la Policía Local y me decían que mandarían una patrulla pero, durante toda la noche, la situación seguía igual que cuando había llamado", ha declarado este vecino que, se ha asegurado que en dos ocasiones se presentaron agentes locales a hacer una medición de ruido en su vivienda "un año y pico después" de haber realizado la denuncia, y en uno de los casos, el local denunciado ya había cerrado.

Por todas estas circunstancias decidió formar parte de la Asociación Cacereños Contra el Ruido que en sus comienzos presidió Antonio Durán, ya fallecido, y que sigue activa porque "se creó para cualquier problema de ruido en la ciudad y no solo en La Madrila", ha explicado.

Sus denuncias también eran por incumplimiento del horario de cierre. "Allí se abría y se cerraba cuando le daba la gana", ha espetado este afectado que también le hizo llegar su situación personalmente tanto al concejal Carlos Jurado como a la alcaldesa Carmen Heras a la que, según ha relatado, le preguntó que por qué no tenían en cuenta las mediciones del Seprona, a lo que ella contestó que "cómo se iba a hacer caso si todo el mundo sabía que Antonio Durán había sido guardia civil".

A la pregunta de quién decidió querellarse en ese momento y contra estas personas concretas, García ha insistido en que la decisión se tomó en una reunión de la asociación porque había que actuar "ya", pero nadie planteó la posibilidad de denunciar también al técnico que se encargaba de tramitar los expedientes de denuncias.

Cabe recordar que, en los próximos días, una treintena de vecinos pasarán por el juzgado a declarar como testigos en este juicio que arrancó el pasado 20 de septiembre y en el que están acusados por un presunto delito medioambiental, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, más once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros.

A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño. Heras y Jurado están acusados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contaminación acústica por las molestias causadas a los vecinos de la zona.

Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años y después de la querella interpuesta por la Asociación Cacereños contra el Ruido. En las siguientes sesiones también testificarán agentes del Seprona, dirigentes vecinales, responsables de la Policía Local y el técnico que se nombró para tramitar los expedientes. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 31 de octubre.

Cabe recordar que para los dos excargos públicos (Heras y Jurado) la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los once empresarios, el Ministerio Público solicita la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.

Los locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que la acusación particular cifra en 297.000 euros.

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