03 octubre 2017
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Los policías locales que han declarado como testigos este martes en el conocido como juicio del ruido en La Madrila de Cáceres, han asegurado que "todos los fines de semana" se recibían denuncias de vecinos de la zona, bien por molestias de ruidos o por incumplimiento del horario de cierre, y han defendido que ellos realizaban los requerimientos oportunos pero no hacían un seguimiento de los expedientes, algo que le competía al jefe de la sección de Sanciones.
Cuatro agentes del Grupo Especial de Seguridad (GES), que eran los encargados por aquel entonces de llevar a cabo las mediciones de los ruidos, han asegurado que su trabajo consistía en acudir a la zona cuando había una denuncia por parte de un vecino y medir el nivel de ruido en las viviendas con un sonómetro para ver cómo afectaba la actividad del local denunciado, tanto con la puerta abierta como con la puerta cerrada.
Después emitían el acta de los resultados y daban una copia al representante del local denunciado, que no siempre era el propietario, y se entregaba el expediente con el informe en las dependencias de la Policía Local para que continuara su tramitación. "Ahí acababa nuestro trabajo", ha declarado uno de los agentes a preguntas del Ministerio Fiscal, que ha asegurado que el encargado de "impulsar" los expedientes de denuncias era el jefe de Sanciones por aquel entonces, Javier Alonso.
En el juicio, en el que se intenta dilucidar si los representantes políticos encausados actuaron con diligencia en la tramitación de los expedientes sancionadores a los locales, también ha salido a la luz que el sonómetro se estropeó y se tardo dos años en arreglar, aunque ese extremo no ha quedado acreditado. En sesiones anteriores, los responsables de los locales han declarado que no recibieron ninguna denuncia por ruido y que no sabían que molestaban a los vecinos.
"No sé si los expedientes avanzaban de forma ágil o lenta", ha insistido el agente a preguntas del abogado defensor de la ex alcaldesa Carmen Heras y el ex concejal Carlos Jurado, que le ha preguntado por si "había oído alguna vez" que un familiar del responsable de Sanciones tenía una actividad privada relacionada con el peritaje, a lo que ha respondido que "sí lo había oído".
Está previsto que este miércoles, día 4, comiencen las declaraciones de los vecinos afectados en este juicio que arrancó el pasado 20 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital cacereña y en el que están acusados por un presunto delito medioambiental, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, más once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros.
A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño. Heras y Jurado están acusados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contaminación acústica por las molestias causadas a los vecinos de la zona.
Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años y después de la querella interpuesta por la Asociación Cacereños contra el Ruido, que actúa como acusación particular en defensa de los vecinos que han venido sufriendo molestias continuadas por el ruido durante años.
Cabe recordar que para los dos excargos públicos (Heras y Jurado) la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los once empresarios, el Ministerio Público solicita la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.
Los locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que la acusación particular cifra en 297.000 euros.
