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Diputación Cáceres niega retrasos en adjudicación de ayudas

"El problema es referido a los expedientes pendientes de justificar, la gran parte de los mismos heredados del equipo de gobierno anterior", explica.

27 julio 2017

El equipo de Gobierno en la Diputación de Cáceres ha señalado que la institución provincial no presenta retrasos ni en la adjudicación de ayudas y subvenciones a los ayuntamientos ni en sus pagos.

Así ha respondido el equipo de Gobierno de la Institución provincial cacereña ante las críticas vertidas este jueves por el portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, en las que ha señalado que la institución provincial tiene cerca de 3.000 expedientes sin fiscalizar.

"El problema es referido a los expedientes pendientes de justificar, la gran parte de los mismos heredados del equipo de gobierno anterior", señala la Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, indica que el equipo de Gobierno provincial tiene "la obligación" de arbitrar todos los medios personales a su alcance y, manifiesta, dado que el Estado le impide contratar nuevo personal, se ha articulado un Plan extraordinario de productividad "totalmente" conforme a la Ley.

Además, según explica la Diputación, este plan contempla un complemento de productividad a los empleados que den más horas realizando tareas y que se asignará conforme a los criterios objetivos que se elevan al pleno basados en el exceso de jornada extra, el rendimiento y el trabajo efectivo.

"No se entiende que el portavoz popular hable de que los empleados se lleven expedientes a su casa, una afirmación que demuestra el desconocimiento que tiene del tema o su intención de tergiversar la realidad", recalca la Diputación.

Por otro lado, en relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), señala que es "otra mentira más" del Grupo Popular, al tiempo que añade que, "a diferencia del PP donde gobierna -por ejemplo el Ayuntamiento de Cáceres con el Área de Urbanismo-, trata de buscar soluciones organizativas para redundar en un mejor servicio público a la Provincia de Cáceres, sus entidades y ciudadanos".

De este modo, indica que son tres puestos de trabajo "necesarios" para lograr una "mejor eficacia y eficiencia". "Desde la llegada del PSOE a la diputación se está intentando arreglar las deficiencias que dejaron los cuatro años de gobierno del PP, por ejemplo Funcionarización o la RPT integral", añade.

En base a ello, se harán "todas" las modificaciones que sean "precisas", para lograr unos recursos humanos lo "más capacitados posibles" para conseguir un "mayor beneficio" para el conjunto de todos los cacereños.

Asimismo, señala que el coste de la modificación es de cero euros y que las plazas serán ocupadas por funcionarios de Carrera de la Diputación, y si no los hubiera, indica, serían de otras administraciones.

"En definitiva, frente al pasotismo e inmovilismo de la etapa anterior del Gobierno Provincial del PP, nos encontramos con una etapa del Gobierno Socialista, donde en conjunción con las organizaciones sindicales se están tomando todas las medidas necesarias para conseguir los mejores empleados públicos, más motivados y más implicados en su quehacer de desarrollo de la provincia, de sus gentes y sus entidades", recoge la nota.

También recuerda que la modificación de la RPT fue aprobada por mayoría del 90 por ciento en la Mesa de Empleados Públicos, al igual que el Plan Extraordinario de Productividad.

Por otro lado, en relación a las declaraciones de Aguilera con respecto al Protocolo firmado por el OAR de la diputación y la Junta de Extremadura, en la que el portavoz del PP en la Diputación de Cáceres ha dicho que este protocolo es un "ejemplo" del "favoritismo", el equipo de Gobierno señala que cuenta con el informe favorable del Interventor del OAR, pues, señala que, "no supone condonación de deuda ni aplazamientos, en contra de lo manifestado por el Grupo Popular".

"Estamos ante una deuda histórica que la Junta de Extremadura arrastra desde el año 2012. Este equipo de Gobierno no será el que ponga las trabas para impedir que ese dinero llegue a sus destinatarios legítimos: los ayuntamientos y sus vecinos con independencia de colores políticos", concluye.

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