11 julio 2017
La primera fase de las obras del nuevo centro finalizarán próximamente y la puesta en marcha de la subestación debe concluir a la vez que dichas obras, pues es imprescindible para dotar al hospital del suministro eléctrico definitivo.
Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación del servicio de abastecimiento de víveres, a través de proveedor único, para el Hospital de Mérida, la Comunidad Terapéutica de 'La Garrovilla', el Banco Regional de Sangre de Extremadura y el Hospital de Don Benito-Villanueva, con criterios medioambientales.
Entre los objetivos asistenciales de las Áreas de Salud de Mérida y de Don Benito-Villanueva está la atención hostelera de los enfermos ingresados en los hospitales de Mérida y Don Benito-Villanueva, de los usuarios ingresados en la Comunidad Terapéutica 'La Garrovilla' de Mérida y la atención a donantes en las colectas del Banco Regional de Sangre, lo que obliga a cubrir el servicio de abastecimiento de víveres para la confección de los menús que satisfagan esta necesidad.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga para la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, por un importe de 63.643 euros.
El objetivo de este acuerdo es ofrecer información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado la tramitación del expediente de adquisición directa, por la Comunidad Autónoma, de 20 viviendas de protección oficial de promoción privada de régimen especial, propiedad de URVIPEXSA, S.A, ubicadas en las localidades de Trujillo (pedanía de Belén), Losar de la Vera, Monesterio y Villanueva de la Serena, un por importe total de un millón de euros.
Con el fin de atender las necesidades de vivienda de los colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado inmobiliario, tanto por su bajo nivel adquisitivo como por sus circunstancias específicas y conjugando esa necesidad con los principios de "eficacia, optimización y racionalización de recursos y de gasto público", se plantea la adquisición de viviendas en las localidades indicadas en las que se constata la existencia de demanda de aquellas.
