ÚLTIMA HORA
Extremadura
Guardiola cree "torticero" utilizar a Maricarmen y rechaza una...
La presidenta regional, sobre el anuncio de los sindicatos, advierte que no engañan a nadie:...
09 octubre 2026
El diputado del Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura, de la Diputación de Badajoz, Saturnino Alcázar, junto al gerente de la entidad, Miguel Ángel Campos, han participado en Zaragoza en un encuentro nacional sobre el catastro rústico que ha reunido a todas las gerencias de Catastro de España.
En concreto, la representación provincial ha acudido tras ser convocada por la Dirección General del Catastro para presentar los avances logrados en el grupo de trabajo constituido junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
De este modo, el grupo de trabajo ha avanzado en la elaboración de un marco legal y técnico destinado a resolver la complejidad jurídica de los caminos municipales.
Hasta el momento, las entidades locales no contaban con un procedimiento regulado explícitamente para justificar la modificación o incorporación de estas vías en la base de datos catastral.
Así pues, gracias a la labor de este grupo de trabajo del que forma parte Restaura, se han creado dos instrumentos para aportar "uniformidad, coherencia y seguridad jurídica" a las actuaciones sobre el dominio público local.
Una de ellas es una circular sobre la tramitación de los procedimientos que afectan a los caminos de las administraciones públicas, que establece criterios comunes para coordinar la realidad física del territorio, los inventarios patrimoniales municipales y el Registro de la Propiedad.
Además, se ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas, orientada a fijar pautas claras en la elaboración de los informes técnicos periciales sobre caminos públicos, según detalla la Institución provincial en una nota de prensa.
La Diputación de Badajoz ha señalado en una nota de prensa que, con su aportación a esta normativa nacional, reafirma el compromiso de sus organismos con el asesoramiento técnico a las entidades locales y la protección de la legalidad urbanística.
Además, contribuye de forma activa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concreto al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
