25 octubre 2021
Ep.
El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con el voto de calidad del alcalde, Ignacio Gragera, al darse un empate entre los votos positivos de Partido Popular, Ciudadanos y el no adscrito y los negativos de PSOE y Unidas Podemos, una moción que insta a la Junta de Extremadura a dotar de viviendas sociales y protegidas el término municipal de la capital pacense.
El concejal del PP y delegado de Hacienda, Eladio Buzo, ha defendido esta moción que pide al Ejecutivo autonómico que dote a Badajoz de más vivienda social "necesaria" y que "por todos es conocido" las "necesidades" de este tipo de vivienda en la ciudad, a la vez que ha tachado de "necesario" que la Junta implemente herramientas que faciliten la construcción de vivienda protegida "que también es muy necesaria".
Una moción que es un "recordatorio" dado que en diciembre de 2019 presentaron una "similar", ha apuntillado, junto con que tras casi dos años las necesidades "se han incrementado" y también los 808 casos que se tenían entonces en la Delegación de Vivienda, tanto por la pandemia de la Covid-19 como por el crecimiento demográfico de la ciudad que hace que existan más casos que necesiten viviendas sociales o también de viviendas "asequibles", lo cual es "responsabilidad" de la Junta.
Por su parte, el concejal del PSOE Pedro Miranda ha criticado que el PP presente una moción de vivienda apelando al Artículo 47 de la Constitución, el derecho a una vivienda "digna", cuando a la hora de gestionar esta materia "no" respetan dicho artículo ni la Carta Magna, al tiempo que ha expuesto que cuando los 'populares' hablan o gestionan la vivienda social hay dos colectivos "que se vuelven locos de contentos" y entre ellos no están los sectores sociales más necesitados de la misma, sino los fondos "buitre" o "de inversión" y los "grandes tenedores" de viviendas.
Miranda ha razonado además el voto en contra del PSOE en que desde el Grupo Popular "alimentan la confusión" en torno a las competencias sobre las distintas tipologías de vivienda, y "ocultan" la responsabilidad del ayuntamiento respecto a la protegida, además de volver a utilizar el "mantra" de que la Junta "va a en contra" de Badajoz, que "ya no se lo cree nadie".
A su vez, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha tachado de "indescriptible" el ejercicio "de cinismo e hipocresía al más alto nivel" que hay que tener a su juicio para traer esta moción a pleno "sin sonrojarse", y que los 'populares' son "los de los desahucios exprés, los de la venta de vivienda social a fondos buitres allí donde han gobernado" o "defensores" de los "grandes tenedores" de vivienda.
También ha criticado de "lamentables y vergonzosas" las políticas de la Junta en materia de vivienda y el caso de los pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra.
Seguidamente, Alejandro Vélez ha trasladado a Buzo que debe traer "los deberes hechos" y que está a favor de la moción, pero también la Inmobiliaria Municipal y el ayuntamiento tienen responsabilidades en materia de vivienda "llámese como se llame, accesible a los ciudadanos", mientras que el concejal de Cs, Carlos Urueña, ha sostenido que la competencia de vivienda social es "exclusiva" de la Junta y que en los dos últimos años, desde una declaración institucional de 2019 en la que el ayuntamiento exigía a la Junta más vivienda social, "no se ha hecho nada".
Se trata de una de las mociones debatidas en la sesión plenaria, en la que se ha dado luz verde a dos presentadas por el PSOE en el apartado de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, una que propone crear un servicio municipal de prevención y control de plagas, y otra para que el ayuntamiento proceda a la puesta en marcha de nuevos huertos urbanos en los distintos barrios de la ciudad.
COMISIÓN DE ECONOMÍA
Durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este lunes correspondiente al mes de octubre, el Pleno ha rechazado con los votos a favor de PP y Cs y en contra de PSOE, Unidas Podemos y el edil no adscrito un expediente de suplemento de créditos por importe de 1.084.443 euros, referido al restablecimiento del equilibrio económico del Servicio de abastecimiento domicilio de agua potable y depuración y a los ejercicios 2020 y 2021.
El concejal del PSOE, Martín Serván, ha razonado el voto en contra de su grupo en que ya en la comisión defendieron la realización de una auditoría respecto a la concesionaria y estas cuentas de dicho servicio, y que "mientras tanto" votarán que "no" en esta cuestión, mientras que Alejandro Vélez ha abogado por que, igual que se hacen este tipo de suplementos de crédito, también se trajeran en torno a otros aspectos como darle una "solución" a los problemas económicos del CD Badajoz.
A su vez, el concejal delegado de Hacienda, del PP, Yayo Buzo, ha explicado que este expediente consiste en "abonar lo que se debe a una empresa" al no haber crédito presupuestario "suficiente", que en el expediente técnico se explica "todo" y que desconoce la relación con el Badajoz o con otras empresas cuando se trata de una liquidación, "euros", que se deben a Aqualia.
El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha intervenido en este punto para explicar que con esta modificación se plantean una serie de cuestiones tales como garantizar al personal que presta su servicio para Aqualia la posibilidad de cubrir las subidas del IPC, la actualización de las tablas salariales según convenio y "por tanto" garantizar su "derecho" a percibir los salarios que corresponden con los servicios prestados, así como actualizar los cánones de vertido, saneamiento y compra de agua que se establecen por la Confederación y Acuaes, que se han revisado "al alza".
De este modo "aquí no hay nada más" que un expediente que cubre tasas, tributos y derechos laborales "decididos por terceros", ha continuado, para señalar que no entiende el voto en contra del PSOE y que sería la primera vez que vota de forma negativa a esta situación "que lo único que va es en perjuicio de los propios trabajadores de la concesionaria y de los usuarios del servicio", e insistir en que este desequilibro es consecuencia de que el ayuntamiento ha decidido no revisar las tarifas vigentes del agua y no incrementar el coste que los vecinos pagan por esta última.
También en la Comisión de Economía se ha dado cuenta de un informe de la Intervención General sobre evaluación del cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ha aprobado la resolución de las alegaciones presentadas por Tubasa a la modificación del contrato de concesión del Servicio de Transporte Urbano de Badajoz.
Además, en la Comisión del Área Técnica y seguimiento del Plan General se han aprobado una serie de expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores, y se ha denegado una petición de modificación puntual del Plan General Municipal referida a la calificación de suelos de asentamiento rústico en 'El Naranjal'; y en la de Recursos Humanos una serie de expedientes de concesión de compatibilidad.
