15 enero 2020
Ep.
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este miércoles, día 15, ante el registro del consistorio, una moción para reprobar al PSOE por su "responsabilidad política" en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado 'Caso de los ERE'.
El concejal portavoz de Vox, Alejandro Vélez Ferreira, ha presentado esta moción en la que también solicita que el pleno del Ayuntamiento de Badajoz acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del PSOE, "pida perdón a todos los pacenses por la conducta del citado partido amparando a los exaltos cargos socialistas condenados penalmente".
Además, pide que el pleno acuerde instar al Grupo Municipal Socialista "para que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros malversados por los exaltos cargos socialistas condenados".
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exposición de motivos de la moción, Alejandro Vélez señala que entre los años 2000 y 2011 la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, "puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros".
Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por estos hechos a los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán, a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, y ha establecido condenas a los máximos responsables de este "entramado" que afecta a 19 exaltos cargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación para cargo o empleo público.
Así lo señala el texto de la moción remitido a la prensa, en el que subraya además que se trataba de un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis "salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes, y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados".
"Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres", agrega.
También explica Vélez en la moción que esta "trama", "amparada" por el PSOE, consistió en que entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, "aunque la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional".
"Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del interventor Delgado", continúa, para recalcar que "el fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el socialista Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo".
Así, ha defendido, el sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas, en lugar de a los trabajadores "con la ausencia de control alguno sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas".
"De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo", ha puntualizado.
Finalmente, ha recordado que el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, "advirtió hasta en 15 informes de las irregularidades", pero que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE "no tomó medidas para el control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo".
"Otra consecuencia es que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que de manera reiterada se pagaron subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión.
Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de pagos cruzados por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes", ha abundado.
Por tanto, ha rememorado, la Audiencia considera que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, "disponía de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía, permitiendo el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado".
