14 enero 2020
Ep
Un grupo de vigilantes de Ombuds, la empresa que hasta ahora se encargaba de la seguridad privada de una quincena de cárceles como la de Badajoz, ha secundado este martes, día 14, una concentración ante la Delegación del Gobierno en la capital pacense, para protestar por la situación de "desamparo" en la que han quedado después de que dicha empresa haya quebrado.
En declaraciones a los medios, el representante de los hasta ahora trabajadores en la seguridad del centro penitenciario de Badajoz, Francisco Machado, ha explicado que "el Ministerio del Interior nos ha dejado un poco desamparados con respecto a 30 familias que estamos aquí en Badajoz, estamos sin trabajo, estamos ahora mismo en el limbo digamos".
Además, ha añadido que, junto con que no tienen servicio, y que desde el pasado 1 de enero están en "una situación de permiso retribuido" según les ha trasladado el administrador concursal, pero que desconocen "de dónde van a sacar el dinero" para pagarles.
De este modo, ha dicho que están "muy indefensos" y con "sensación de no saber" en qué situación están ni si van a cobrar, y que esos son los motivos por los que se han presentado este martes frente a la Delegación del Gobierno, al tiempo que ha apuntillado que les ha "llegado" información de que, aunque el concurso relativo a la seguridad privada de cárceles extremeñas, castellano manchegas y madrileñas ha quedado desierto, podría volverse a adjudicar aunque "no" saben "exactamente en qué situación sería".
"La empresa que entrara, para subrogarnos digamos, parece ser que tendría el mismo problema que el día 1 de enero, o sea, tendría que asumir la deuda de la empresa saliente, de Ombuds, por lo tanto lo vemos un poco raro y no sabemos muy bien cómo va a salir esto", ha reconocido Machado.
Seguidamente, ha agregado que la última nómina de diciembre sí la han cobrado, pero que tienen "pendientes" dos nóminas y media que ya están comunicadas al Fogasa, así como que este mes "no" saben si cobrarán.
Por último, ha comentado que en la cárcel de Badajoz los afectados son 30 trabajadores, y en la de Cáceres unos 10 y que lo que se ha visto afectado por esta quiebra es el lote número dos, que incluye las dos cárceles extremeñas y centros de Castilla-La Mancha y Madrid.
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