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Unas 1.000 personas se manifestarán este jueves en Higuera de Vargas contra mina uranio

Está pendiente la revocación del permiso de investigación concedido por la Junta de Extremadura a la empresa Qbis Resources S.L.

03 julio 2019

Alrededor de mil personas está previsto que se concentren este jueves, 4 de julio, en la localidad pacense de Higuera de Vargas en rechazo al proyecto de mina de uranio en esta comarca.

En concreto, se trata de una concentración que convoca la Plataforma Ciudadana Dehesa sin Uranio y los propietarios de las tierras afectadas, y a la que está previsto que acudan vecinos de Portugal, para recordar que "está pendiente la revocación del permiso de investigación concedido por la Junta de Extremadura a la empresa Qbis Resources S.L", tal y como informa este colectivo a través de una nota de prensa.

En concreto, la manifestación arrancará a las 20:30 horas de este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil y recorrerá la carretera hasta la calle San Lorenzo y calle José Salguero hasta la Plaza del Castillo, donde se leerá un manifiesto y cantará en portugués el coro del Señor de los Afligidos.

Además, según señala la Plataforma Dehesa sin Uranio, el proyecto de esta empresa pretende buscar uranio con el objetivo de explotar una mina de dicho mineral en la que se verían afectados los municipios de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos.

A este respecto añade que una mina de uranio en esta zona "entrañaría problemas de sanidad para la población y el medio ambiente", entre las que cita radiactividad, contaminación de acuíferos y violación de la Red Natura 2000 y la zona Zepa y Lic, entre otras consecuencias.

"La dehesa quedaría destrozada y roto su equilibrio conservado por cientos de años", afirman desde esta plataforma.

Por tanto, la manifestación de este jueves es "un acto más entre otros" como los realizados hasta ahora donde siguen "recordando al gobierno" que está pendiente la respuesta a los recursos de alzada interpuestos por los ayuntamientos y propietarios y que han caducado y de los que aseguran "no se sabe nada", concluye.

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