02 julio 2019
La organización alerta de la "fiebre extractiva" de multinacionales que han puesto sus "ojos" en la región, con el "apoyo" de la Junta de Extremadura en la "tramitación de expedientes con graves defectos", y que a su juicio "amenazan la continuidad de los modos de vida de muchas comarcas".
De este modo, el pasado día 29 de junio, Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al proyecto de investigación minera denominado "LIRA", solicitado por Ormonde Minería Ibérica, S.L.U, que según indica pretende estudiar una "amplia" zona en término municipal de La Codosera (Badajoz), para la extracción de diferentes minerales, "especialmente" oro.
Con esta solicitud, según apunta en nota de prensa Ecologistas en Acción Extremadura, se asiste a un "nuevo ejemplo" de la "fiebre minera" que afecta a Extremadura, "materializada en la solicitud de numerosos proyectos de investigación y explotación repartidos por toda la geografía de la región".
Según la asociación, "una vez más, se vuelve a hacer patente el inadmisible cúmulo de irregularidades y deficiencias que contienen tanto los proyectos presentados como su tramitación por parte de la administración autonómica".
Aún siendo "todas ellas importantes", cree también que se puede calificar de "especialmente grave" el "hecho" de que "no se haya sometido a una evaluación de impacto ambiental un proyecto que se pretende ejecutar en una zona que se ubica dentro dos espacios de la Red Natura 2000 (ES0000407 Nacimiento del Río Gévora y ES4310022 Río Gévora Alto) que albergan 16 hábitat y 114 especies con algún tipo de figura de protección".
"Aunque el permiso solicitado es para la investigación de la zona y no para su explotación, su ubicación dentro de estos espacios hacen necesaria la evaluación de impacto ambiental no sólo para determinar las afecciones que los trabajos de sondeo puedan suponer para la zona, sino también para determinar de antemano si es viable ambientalmente su futura explotación, en caso de que la empresa promotora decidiera acometerla", entiende.
Junto a esta "carencia", añade que el proyecto presenta "toda la serie de omisiones e indefiniciones que se han convertido en habituales en este tipo de solicitudes que hacen incomprensible como la Junta de Extremadura las viene admitiendo a trámite sin ningún tipo de impedimento ni exigencia de subsanación".
Estas "carencias", según añade, "se relacionan siempre con indefiniciones en las actuaciones que se realizarán en la zona de estudio -con lo que es imposible valorar su impacto-, con deficiencias en el Plan de Restauración así como con la acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa, que ni siquiera determina la garantía económica por responsabilidad ambiental que está obligada a establecer. Tampoco justifican que las técnicas que se vayan a emplear sean las más adecuadas al caso, como establece la legislación".
También, critica que "por si no fuera poco con la admisión a trámite de estas precarias solicitudes, la Junta de Extremadura hace su aportación desatendiendo sus obligaciones de difusión de la información y de acceso a la participación pública".
