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La Diputación de Badajoz entra en el accionariado de Tragsa

Para contribuir a la realización de proyectos de diversa naturaleza por toda la provincia.

06 septiembre 2018

La Diputación de Badajoz ha entrado a formar parte del accionariado de Tragsa para contribuir a la realización de proyectos de diversa naturaleza por toda la provincia.

A través de una nota de prensa, la institución provincial ha explicado que dicha entrada permite dar cumplimiento a la normativa europea, incorporada en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que exige la adquisición de cuotas de capital con el fin de poder encomendar la prestación de servicios, trabajos y obras a esta empresa pública "generándose un mayor espacio para la realización de las políticas provinciales".

De este modo, según ha incidido, ha materializado su incorporación dentro del capital social de la empresa pública Tragsa y se prevé la formalización de la escritura pública correspondiente durante el mes de septiembre.

Este procedimiento obtiene su sustento jurídico en la directiva europea que determina la necesidad de que aquellas administraciones públicas que quieran encargar servicios a esta empresa formen parte de sus órganos de decisión, todo lo cual ha sido traspuesto a la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público.

Mediante este proceso, ha concretado la diputación, se abre la posibilidad de instrumentalizar proyectos y actuaciones en campos diversos, tales como la prestación de servicios de naturaleza básica, desarrollo rural en toda su extensión, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas y otros ámbitos conexos.

"De todo ello se deriva la posibilidad de generar nuevos ámbitos de colaboración y desarrollo, de lo que resultará un indudable beneficio y valor añadido para toda la provincia mediante la implementación de proyectos diversos", ha resaltado.

Por tanto, la Diputación de Badajoz ha concluido al sostener que, de esta manera, se convierte en una de las primeras instituciones provinciales que suscriben este proceso de inmersión accionarial y se suma a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla - La Mancha, Navarra, Cantabria, Murcia, La Rioja, Galicia, Aragón, Andalucía, Canarias, Cataluña, Baleares, Extremadura, Asturias, País Vasco y Castilla- León, que ya adquirieron su participación.

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