06 septiembre 2018
Ep.
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha considerado que la Diputación de Badajoz le ha "quitado" a la capital pacense la ayuda de un millón de euros "porque les ha dado la gana" y porque el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, "intenta chantajear a la ciudad con dinero".
Fragoso se ha referido así a la pérdida de un millón de euros con cargo al Plan Dinamiza Extraordinario de la Diputación Provincial de Badajoz y a unas declaraciones realizadas al respecto por el diputado provincial de Fomento, Saturnino Alcázar, en el diario HOY, sobre las que ha calificado como una "mera excusa" que el ayuntamiento no haya rellenado un documento en el que debía comprometerse a atender el catálogo de vestigios franquistas, sobre lo que ha matizado que no han querido cumplir "lo que ellos" les "imponen".
"No es que no lo hayamos hecho bien, eso es una excusa que Saturnino Alcázar ha querido decir para no reconocer lo que es la verdad, es que nos han quitado el millón de euros porque les ha dado la gana", ha sostenido Fragoso, para quien "en ningún caso" les pueden imputar que no cumplen con la Ley de Memoria Histórica "porque hasta ahora todas las sentencias de los jueces dicen que Badajoz cumple con la Ley de Memoria Histórica", ha asegurado.
"O haces lo que me da la gana o te pones las lentillas del color que yo quiero o te quito la subvención", señala Fragoso sobre la actuación de la diputación, algo que considera que "no es legal" dado que "están marcados por un marco general que es la Ley de Subvenciones".
Según esta norma, los requisitos que se pueden exigir "son los que tienen que ver con la finalidad del dinero". "Está exigiendo algo que es un antojo suyo y que, en ningún caso, tiene un fundamento legal", ha incidido.
VILLAFRANCO DEL GUADIANA
De igual modo, y sobre la posibilidad de que la diputación reclame a la localidad de Villafranco del Guadiana, dependiente del Ayuntamiento de Badajoz, las subvenciones recibidas en 2017, Francisco Javier Fragoso ha remarcado que la petición es a la ciudad y que el hecho de que deban devolver la subvención de Villafranco "era algo que estaba previsto".
Una devolución que reclaman, ha agregado, a final de este trimestre o en estos meses porque no va a dar tiempo a que en esta legislatura se resuelvan los recursos judiciales que va a haber, sobre lo cual ha dicho que saben que irán a primera instancia y acabarán en el Tribunal Superior de Justicia "exigiendo que se cumpla" el criterio del consistorio de la capital pacense "con la legalidad".
Así, ha defendido que "a unos ciudadanos no se les puede castigar en función de un antojo que uno tenga, por mucho que uno sea el administrador del dinero de los ciudadanos", así como que Badajoz aporta "muchísimo" a la diputación, dado que las instituciones provinciales reciben dinero en función de los habitantes y, aunque la capital pacense no es perceptor directo de la mayoría de sus actuaciones, aporta "seguramente el 25 por ciento de su presupuesto".
"Y lo que deciden es castigarnos porque nos quieren imponer una serie de criterios. Yo creo que están equivocados", ha insistido, para reconocer que le sorprende que Alcázar "intente engañar a los ciudadanos diciendo es que es un problema administrativo" con un documento en el que, en opinión del regidor, la diputación "dice que jura que vas a cumplir lo que yo te impongo".
DISPUESTO A CUMPLIR LA MEMORIA HISTÓRICA
De este modo, ha recalcado que el Ayuntamiento de Badajoz cumplirá con la Ley de Memoria Histórica, pero "no con lo que ellos nos impongan", de manera que "si hay algún conflicto", que acudan a los tribunales, ha señalado.
"Lo que no voy a permitir es que el presidente de la diputación, porque crea que es el dueño del taco, del dinero que los ciudadanos de Badajoz le aportan, decida imponer a la ciudad cómo se deben llamar sus calles", ha recalcado el alcalde, que ha defendido que en Badajoz "la reconciliación ya hace años que se llevó a cabo por todos los alcaldes".
Unos regidores como Luis Movilla, Manolo Rojas, Gabriel Montesinos y Miguel Celdrán que, según ha explicado, cambiaron las calles "que se entendían que podían generar un conflicto ciudadano", de forma que "se mantienen las calles de personas normales que han hecho una aportación importante al territorio".
En este sentido, ha puesto como ejemplo una de las calles incluida en el catálogo de vestigios franquistas, la del que fue ministro y presidente de la diputación Adolfo Díaz Ambrona, quien, según ha apuntado, trajo el Plan Badajoz por el que a la provincia pacense "no se la conocería como se la conoce si no fuera por el gran desarrollo que tuvo de los regadíos para muchas familias humildes que necesitaban buscarse un modo de vida".
"INSTRUMENTALIZAR UNA DESGRACIA"
"Eso significa, simplemente, querer instrumentalizar una desgracia que ocurrió en este país, que en la Transición decidimos que había una gran reconciliación nacional, deciden ahora utilizarla para el interés de los votos porque piensan que electoralmente les va a salir rentable", ha lamentado Fragoso.
De este modo, ha dicho que el ayuntamiento no defiende "nada que no sea legal" y defiende respetar las leyes vigentes, a la vez que se niega "a aceptar" que el que decida si cumplen o no la ley sea el presidente de la diputación, que, en su opinión, intenta "chantajear a la ciudad de Badajoz con dinero".
Asimismo y sobre el topónimo de Villafranco del Guadiana ha recordado que cuenta con un millar de firmas en las que los habitantes de esta población "dicen que el nombre de su pueblo en ningún caso lo consideran una exaltación al anterior dictador" sino "el génesis del propio pueblo".
Por todo ello, Francisco Javier Fragoso ha sostenido que se trata de una "estrategia política" de quien "cree que de esto le sale rentable sin tener en cuenta" que lo que "tiran por tierra" es la Transición democrática "ejemplar" sucedida en España, al tiempo que ha lamentado que haya gente que "quiera volver a épocas pasadas donde los españoles se enfrentaban armados para defender sus ideas".
Finalmente, y preguntado por si acudirá a los tribunales, ha confirmado que sí y que, en el caso de Villafranco, "no hay ni acto administrativo" y "ni siquiera" pueden agotar esta vía, por lo que ha anunciado que su "voluntad política" es "llegar hasta el final" porque le parece "una injusticia" y "a la ciudad de Badajoz no se la chantajea".
Ha concluido, además, alegando que en la diputación saben que se trata de "una confrontación política complicada" porque están "dilatando" las resoluciones hasta final de legislatura para evitar resoluciones judiciales, y al portavoz socialista en el ayuntamiento y diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, "lo quitan de la comisión para que no le salpique".
