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Diputación de Badajoz garantiza la transparencia e imparcialidad de los tribunales empleo

Estudiará tomar acciones legales "oportunas" para "salvaguardar honestidad" de la institución de componentes de los tribunales de procesos selectivos.

02 mayo 2018 | Publicado : 13:05 (02/05/2018) | Actualizado: 14:01 (02/05/2018)

El diputado delegado del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Antonio Garrote, ha explicado el proceso selectivo de oposiciones al cuerpo de juristas de la institución que el diputado provincial del Partido Popular, Antonio Poco Pitel, denunció el pasado día 30 de abril por considerarlo irregular.

De hecho, el Grupo Popular de la Diputación ha presentado un escrito en la Fiscalía en el que piden una investigación sobre la oposición para adjudicar dos plazas de técnicos jurídicos, que se corresponden con la escala A1.

A este respecto, Garrote ha querido dejar claro el apoyo de la institución provincial a los miembros de los tribunales que han participado en esta legislatura en los más de 90 procesos selectivos que se han llevado a cabo y al que se ha presentado un número superior a los ocho mil aspirantes.

El diputado ha declarado que desea mandar un mensaje de tranquilidad a los mismos, indicando que estas pruebas selectivas se rigen “por la transparencia y la imparcialidad, garantizando el derecho de los opositores a su acceso a la función pública  por sus méritos, capacidad e igualdad”.

También, ha calificado la decisión de Pozo Pitel como una forma de sacar rentabilidad política y porque, “parece sustentarse en la inquina que tiene a la Diputación y a su presidente”, basándose en los antecedentes que existen en torno a la Ley de Memoria Histórica para que la localidad de la que es alcalde, Guadiana del Caudillo, eliminara los vestigios franquistas detallados por el comité de expertos de la institución.

También, ha matizado que “queremos que se disipe cualquier duda sobre este y el resto de procesos realizados y en el que han participado como tribunal más de 150 funcionarios”, considerando que “el tema de la notaría no deja de ser un canto al sol pues él mismo es interesado al haberse presentado a la oposición para juristas”.

Garrote se pregunta porqué no reclamó al tribunal en su momento: “porque pretende la utilización política, algo que nos indigna al poner en tela de juicio a los funcionarios y sindicatos sembrando dudas sobre el proceso”.

Desde que se inició esta legislatura ninguno de los procesos selectivos han sido impugnados, y menos éste en concreto por parte de ningún otro opositor. En este sentido, y al ser preguntado por la relación familiar de los dos abogados que han obtenido las mejores puntuaciones, Garrote ha querido dejar claro que “todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo sea o no familiar de miembros de la Diputación”.

Por tanto, ha reiterado el diputado, las acusaciones formuladas por Pozo Pitel, que ponen en duda la transparencia de dicho proceso, “son de una absoluta falsedad y constituyen un ataque infundado contra empleados públicos y sindicatos, que velan permanentemente por la integridad de los procesos selectivos”.

El gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación, junto con el Área de Recursos Humanos (RRHH), estudiará la posible adopción de medidas legales contra este diputado provincial y alcalde de Guadiana del Caudillo.

Asimismo, en la presente legislatura, se ha aprobado por primera vez en Pleno de Diputación del día  01/2/2016, por unanimidad, el Reglamento regulador de la composición y designación de los Tribunales de Selección de la Diputación de Badajoz y sus organismos autónomos, en el que se establece que los vocales de los mismos se elegirán conforme a la legislación vigente de entre funcionarios que cumplan con los requisitos legales para ello. En definitiva, se eligen por sorteo.

Este Reglamento también fue negociado y consensuado con los agentes sociales, a los que se les otorga la importante labor de estar presente en todo el proceso de selección, garantizando así la transparencia del mismo.

Pero, sobre todo, Antonio Garrote ha defendido la honestidad de los empleados públicos que forman parte de los tribunales, su transparencia y buen hacer, y de los agentes sociales legítimamente elegidos por los empleados públicos, que garantizan de forma permanente que los procesos selectivos se desarrollen con normalidad y colaboran con acierto a la resolución de las incidencias que se producen.

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