Investigado un conductor tras ser detectado con su vehículo a 212 kilómetros/hora en la A-66 en Cañaveral

CÁCERES, 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo, un varón de 32 años y residente en Madrid, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, ya que el vehículo circulaba a 212 kilómetros/hora por la autovía A-66, en el término municipal de Cañaveral (Cáceres).

La velocidad máxima permitida en dicha carretera y tramo es de 120 kilómetros/hora, por lo que circulaba a una velocidad que casi duplicaba el límite genérico establecido para la vía.

Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 de Plasencia.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de octubre, durante el desarrollo de un dispositivo de seguridad vial y de control de la velocidad estático, con un cinemómetro, en la autovía A-66 (Vía de la Plata), dentro del término municipal de Cañaveral (Cáceres).

En el trascurso del mismo, los agentes detectaron a un turismo de gran cilindrada circulando a 212 kilómetros/hora. Tras constatar la infracción penal, la patrulla inició un seguimiento controlado del vehículo infractor para garantizar la seguridad de la vía durante la maniobra.

El turismo fue interceptado en la autovía EX-A1, logrando que el conductor detuviera la marcha de forma segura tras recorrer una distancia de 15 kilómetros desde el punto en el que fue detectado. Una vez identificado el conductor, los agentes procedieron a su investigación penal por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, al superar en más de 80 kilómetros/hora el límite de velocidad permitido en vía interurbana, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Este tipo de conductas lleva aparejada de forma acumulativa la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.

Asimismo, el Código Penal prevé de manera alternativa para estos supuestos penas de prisión de tres a seis meses, la imposición de una multa económica de seis a doce meses, o bien la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por un tiempo de 31 a 90 días.