La Junta de Extremadura avanza en la nueva Ley de Simplificación Administrativa para 'reducir trabas burocráticas'

El objetivo es someter el proyecto a audiencia pública entre finales de 2026 y comienzos de 2027

MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura continúa avanzando en la elaboración de una nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente para "reducir las trabas burocráticas, eliminar gestiones innecesarias y agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración autonómica".

En un comunicado, el gobierno autonómico ha explicado que la iniciativa pretende que ciertos trámites, como solicitar una ayuda, obtener una autorización o poner en marcha un negocio, requiera de "menos documentos, menos tiempo y menos trámites".

Así, el gobierno autonómico liderado por María Guardiola, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, sigue trabajando en esta futura norma, que trasladará al conjunto de la Administración los avances obtenidos durante los últimos dos años en materia de simplificación y digitalización, con el objetivo de convertir la reducción de cargas administrativas en "una práctica permanente".

El Plan de Simplificación Administrativa Digital ha trabajado sobre más de 500 trámites. En los 119 procesos que ya han completado, la simplificación habría conseguido reducir una media del 50% de la documentación requerida, un 41% de los datos solicitados y un 42% el tiempo de gestión manual.

El balance de octubre de 2026 recoge 768 trámites digitales. Además, según el informe CAE 2025 del Ministerio de Transformación Digital, Extremadura ha pasado del 45% de disponibilidad en línea de sus principales trámites en 2023 al 91% en 2025, "por encima del 88% de media europea".

"MENOS DOCUMENTOS Y MENOS ESPERAS"

Uno de los objetivos principales de la futura ley es evitar que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentos e información que ya obran en poder de las administraciones. Con esta norma, la intención es que la Junta pueda consultar esos datos con las garantías legales necesarias.

En el ámbito empresarial, se promoverá el uso de declaraciones responsables para iniciar actividades cuando la normativa y el nivel de riesgo lo permitan, sin necesidad de esperar una autorización previa y manteniendo los controles posteriores correspondientes.

Además, en las ayudas y subvenciones se plantea reducir la documentación exigida, simplificar las solicitudes y justificaciones y automatizar las comprobaciones de información disponible. La propuesta también contempla ampliar los supuestos en los que el silencio administrativo pueda tener efectos estimatorios, dentro de los límites y excepciones establecidos por la legislación.

REUNIONES CON EMPRESAS Y COLEGIOS PROFESIONALES

La Junta de Extremadura mantiene el proceso de diálogo con los sectores afectados para avanzar en la elaboración de la norma. En este marco, se han celebrado encuentros con más de 100 representantes empresariales, profesionales y sociales para conocer las dificultades que encuentran en sus relaciones con la Administración y recoger aportaciones.

Entre las entidades participantes figuran la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, la CREEX, el CIEM y las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz. También se han celebrado reuniones con representantes de los colegios profesionales y de las corporaciones empresariales de Cáceres los días 28 y 29 de octubre.

Estos encuentros forman parte del trabajo que continúa desarrollándose para incorporar las necesidades de empresas y profesionales al texto de la futura ley.

SEGUIMIENTO

La futura ley prevé que los nuevos procedimientos se diseñen con menos pasos y documentos y que los ya existentes se revisen para eliminar cargas y esperas innecesarias. Para comprobar los resultados se medirán los tiempos de tramitación, las esperas y los costes administrativos de los expedientes. También se establecerán responsables de simplificación y mecanismos de seguimiento.

La elaboración del texto corresponde a la Secretaría General de Transformación Digital, integrada en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El objetivo es someter el proyecto a audiencia e información pública entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Tras analizar las aportaciones y completar los informes preceptivos, el gobierno regional podrá elevarlo a la Asamblea de Extremadura para continuar su tramitación.