Extremadura requiere al Gobierno documentación sobre el proceso de regularización

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la que exige que se le remita documentación relativa al proceso extraordinario de regularización de migrantes.

En concreto, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha considerado que no resulta "aceptable" convocar a Extremadura a una Conferencia Sectorial próximamente para debatir cuestiones de "indudable trascendencia" en materia migratoria sin facilitar previamente la documentación necesaria para su análisis.

Por ello, el Ejecutivo extremeño ha solicitado la remisión inmediata de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) correspondiente al proceso extraordinario de regularización, anexando la totalidad de la documentación obrante en el expediente administrativo elaborada por todos los ministerios y que sirvió de base para la aprobación de dicha medida.

Así, se deben incluir los informes, estudios, memorias, análisis técnicos, así como cualquier otro documento remitido al Consejo de Estado u otros organismos o utilizado durante su tramitación, según aparece en la carta enviada y cuyo contenido recoge Europa Press.

También pide la comunidad cualquier informe, evaluación o estimación elaborada por la Administración General del Estado relativa al impacto económico, presupuestario, sanitario, educativo, social, residencial o asistencial derivado del proceso de regularización para las comunidades.

En caso de que alguno de estos documentos no exista, o ninguno de ellos, "tal y como afirmó la secretaria de Estado en su intervención", se pide certificación expresa de dicha circunstancia emitida por el órgano competente.

De igual forma, Extremadura demanda información actualizada y desagregada sobre el número total de solicitudes presentadas, el número de solicitudes válidas, los expedientes duplicados detectados, las solicitudes inadmitidas o rechazadas, la previsión de resoluciones favorables y la distribución territorial de las solicitudes presentadas y validadas.

Aclarando, además, si la información verbal transmitida por la secretaria de Estado en referencia a estas cuestiones durante la pasada Comisión es válida, "desmintiendo así los datos ofrecidos por la ministra".

De igual manera, la Junta de Extremadura ha solicitado información sobre los documentos declarados "secretos o reservados" durante el proceso de regularización por parte de cualquier ministerio u organismo participante en el proceso.

Según recoge la carta, la secretaria de Estado afirmó en su intervención desconocer esta situación, pero se comprometió a solicitar a las restantes Secretarías de Estado la mencionada información y aportarla, al entender que "no debería haber ninguna documentación bajo dichas circunstancias".

También, otro de los documentos solicitados por la Junta de Extremadura es un informe detallado del coste de aplicación de las medidas que recoge el Plan de Integración y Ciudadanía, ya que las mismas trasladan una carga de ejecución a las comunidades sin que el plan detalle una financiación adicional finalista, no se especifica un reparto territorializado, ni bajo qué condiciones, apunta el gobierno extremeño.

"Es un documento de escaso valor técnico que no alcanza el nivel mínimo para su valoración en la Conferencia Sectorial", ha considerado Bautista.

Finalmente, la Junta demanda información sobre el estado de las reformas comprometidas con Comisión Europea en relación con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, PEMA, así como de su implementación normativa, material y operativa.

De igual manera, solicita información sobre la posición del Gobierno en la cumbre europea de Armenia del pasado 4 de mayo, donde España votó en contra de adherirse al acuerdo firmado por 33 países para compartir información actualizada sobre movimientos migratorios, incorporando por primera vez un mecanismo de vigilancia y monitoreo conjunto, así como medidas específicas contra las redes de tráfico de personas y una mayor coordinación con organismos internacionales.

"La necesidad de disponer de toda la documentación e información existente señalada resulta especialmente relevante dada la extraordinaria trascendencia de los asuntos que van a ser objeto de análisis en la próxima Conferencia Sectorial", ha asegurado el vicepresidente extremeño.

En esta línea, ha asegurado que se está ante decisiones que afectan directamente a la planificación y gestión de la política migratoria del Estado, incluyendo la atención a los "flujos migratorios irregulares por vía marítima, terrestre y aérea", la capacidad de acogida de los distintos territorios, la aplicación de las políticas relativas a los derechos y libertades de los extranjeros, el desarrollo del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y la definición y ejecución del futuro Plan de Integración y Ciudadanía.

Un plan que, además, pretende ordenar estas materias en un marco temporal de cuatro años, 2026-2030, "sin contar con la participación de las principales administraciones involucradas", ha criticado.

Estas circunstancias, apunta la Junta, generan "consecuencias directas" sobre las competencias autonómicas y locales, sobre la prestación de servicios públicos esenciales y sobre la sostenibilidad financiera de las administraciones llamadas a ejecutar dichas políticas.

Resulta, a su juicio, "plenamente justificada" la preocupación manifestada por numerosas comunidades ante la adopción de decisiones de esta magnitud sin que se haya facilitado previamente información "completa, rigurosa y actualizada" sobre su alcance, sus implicaciones presupuestarias y sus efectos territoriales.

De este modo, ha recordado que Extremadura viene defendiendo la necesidad de una política migratoria basada en los principios de "legalidad, orden, cooperación institucional, integración efectiva y adecuada planificación" de los flujos migratorios en función de la "capacidad real" de acogida de los territorios y de las "necesidades objetivas" del país.

"Precisamente por ello, resulta imprescindible que cualquier decisión en esta materia se sustente en datos contrastados, evaluaciones de impacto suficientes y una participación efectiva de las administraciones territoriales llamadas a gestionar sus consecuencias.