Unidas denuncia veto de Mesa de la Asamblea a ley para crear una Oficina contra el Fraude

Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este viernes el veto por parte de la Mesa de la Asamblea de Extremadura a tramitar un proyecto de ley para crear una Oficina contra el Fraude en la región y ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que se está vulnerando la capacidad de los diputados de presentar proyectos de ley.

En declaraciones a los medios, De Miguel ha denunciado que la Mesa de la Asamblea ha vuelto a vetar esta ley alegando "que no cumple porque afecta al presupuesto", a pesar de que la disposición final del texto incluya que la norma entraría en vigor en el presupuesto siguiente.

"Nos parece muy grave esto básicamente porque vetar de esta manera esta ley, exponiendo este argumento, hace que sea imposible presentar ningún tipo de ley ya en la Asamblea", ha manifestado De Miguel.

"La Asamblea ahora mismo ya está cerrada para que la oposición pueda presentar ningún tipo de ley porque, si la excusa o argumento que van a poner es que afecta al presupuesto, es obvio que todos los proyectos de ley afectan al presupuesto, ha agregado De Miguel, insistiendo que no se puede vetar una ley cuando la propuesta contempla que entre en vigor en el siguiente presupuesto.

Así, la portavoz de Unidas por Extremadura ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que considera que se está vulnerando el derecho como diputados a presentar proyectos de ley en la Cámara.

También ha considerado "bastante grave" para el devenir parlamentario el "autoritarismo" de PP y Vox y la manera "tan patrimonial" de entender las instituciones, donde "solo puede salir adelante lo que ellos presentan", sin aceptar que la oposición también tiene propuestas que "tienen que ser debatidas y que pueden ser legítimamente tumbadas con los votos".

En cuanto a la Oficina contra el Fraude que quiere crear la formación, Irene de Miguel ha explicado que se trataría de un organismo independiente de la Administración donde se estudiarían procedimientos administrativos y licitaciones que pudieran estar en fraude de ley. Ha señalado que este tipo de oficinas ya existen en otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Navarra o Comunidad Valenciana.

De Miguel ha señalado a la "oposición" por parte de PP y Vox para poner en marcha este organismo, al tiempo que ha asegurado que "quien tiene algo que esconder, obviamente, no quiere que nadie le vigile".

"Yo creo que blanco y en botella, leche. Esta gente lo que no quiere es que nadie investigue la corrupción que pueden estar llevando a cabo dentro de la Administración Pública", ha concluido.