Entra en vigor decreto Junta que destina 10M€ ayudas para afectados por incendios Hurdes

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El decreto ley 5/2026, de 1 de septiembre, de la Junta de Extremadura que incluye ayudas para paliar los efectos del incendio de las Hurdes destinadas a agricultores, ganaderos y apicultores, así como también para el sector del turismo y para los vecinos que han visto dañadas sus viviendas, con una inversión total prevista de algo más de 10 millones de euros, ha entrado en vigor.

Lo hace tras la publicación del mismo este miércoles, 9 de septiembre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). No obstante, tendrá que ser convalidado próximamente en la Asamblea.

Entre las medidas contempladas en el decreto-ley se encuentra la reforma de la Ley Agraria extremeña y actuaciones de prevención para evitar futuros incendios, todo ello dirigido a la recuperación de las zonas afectadas, al que se suma un conjunto de actuaciones e inversiones específicas que van a servir también "para paliar y para prevenir daños de futuros incendios", según explicó el pasado 1 de septiembre la presidenta de la Junta, María Guardiola, cuando el Consejo de Gobierno autonómico celebrado en Vegas de Coria (Cáceres) aprobó la iniciativa.

De igual modo, el decreto ley incluye también medidas tributarias para aliviar la carga de los afectados y la modificación de la Ley Agraria de Extremadura, que permitirá "seguir avanzando en la prevención, facilitando una mejor gestión de nuestros montes y favoreciendo la actividad en zonas especialmente sensibles", señaló Guardiola.

Así, en el ámbito agrario la cuantía de las ayudas es de 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente afectado, mientras que los ganaderos percibirán una cuantía de 700 euros por cada unidad de ganado mayor pérdida, y en el caso de la apicultura, la compensación será de 100 euros por colmena perdida. Todas estas ayudas serán compatibles con las pólizas de seguro.

En cuanto al sector turístico, se ponen sobre la mesa un conjunto de ayudas directas y extraordinarias para alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos de turismo y también a negocios de restauración ubicados en los municipios afectados por los incendios.

Ayudas que van desde los 1.200 hasta los 3.000 euros, que se van a multiplicar por 2,5 en lugares que tuvieron que ser confinados o evacuados por el fuego. También dispondrán de una línea de financiación en condiciones preferentes de hasta 50.000 euros durante cinco años.

Por otro lado, se han bonificado al 100 % las tasas de los cotos cinegéticos, así como las explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios afectados van a estar exentas hasta el 31 de diciembre de 2027 de las tasas correspondientes a los servicios facultativos veterinarios, pruebas de sanidad animal y la gestión y suministro de los identificadores necesarios para el ganado.

Por su parte, los vecinos que hayan visto afectadas sus viviendas por el fuego contarán con ayudas directas para recuperar la habitabilidad, que llegarán en los casos más graves hasta los 132.000 euros. En el caso de reparación o rehabilitación, se cubrirá el 80 por ciento del coste también con ese límite máximo.

Igualmente, se ayudará a reponer el menaje doméstico de primera necesidad con ayudas que oscilan entre los 7.000 y los 14.000 euros, y quienes se hayan visto obligados a abandonar su vivienda habitual, percibirán una ayuda para el alquiler de 300 euros al mes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En materia de prevención, se han adoptado medidas para reforzar la seguridad de los núcleos de población que están cercanos a la zona de alto riesgo.

Así, el Ejecutivo regional considera necesario ir más allá modificando la ley agraria de Extremadura, de modo que se van a agilizar las permutas para "facilitar que quienes tengan pequeñas fincas en monte público puedan intercambiarlas por terrenos situados en franjas cercanas a los pueblos".

De este modo, gracias a la actividad agrícola o a la actividad forestal, se van a crear "cortafuegos naturales entre el monte y las zonas de viviendas".

Además, para los bancales abandonados, se eliminará "toda carga burocrática", para que puedan utilizarse también como explotaciones agrarias y, por ende, como "infraestructuras preventivas". El nuevo decreto ley profundiza en esta figura y hace posible su implantación en "cualquier lugar del monte público" sin necesidad de generar más burocracia.

Guardiola remarcó el 1 de septiembre que la actividad tradicional en el campo debe ser un "aliado" en la prevención de los incendios; y avanzó el registro en la Asamblea de una iniciativa para instar al Gobierno de España a la modificación del artículo 50 de la ley estatal de montes para poder realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para crear paisajes mosaicos sin la limitación temporal que establece la norma.