Fernández Vara confía en que, a finales 2017, haya un modelo de financiación autonomica para debatir en Congreso

El Presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que, en una primera fase, se ha acordado la constitución de una Comision de Expertos en un mes, con representantes de todas las regiones, para plantear un modelo que tenga en cuenta las características de cada una y, que presente una propuesta al Comité de Política Fiscal y Financiera y, a 31 de diciembre, ya haya un nuevo modelo para debatir en Las Cortes.

Sobre el experto que representara a Extremadura, Fernández Vara ha recordado que, en la region, se creó de un grupo y, por tanto, "saldrá de ellos pero, lo quiero hablar con el resto de Grupos Parlamentarios, me gusta dar más de un nombre con distintos perfiles".

Junto con ello, ha resaltado que, de cara al posible nuevo modelo, se debería dar atención especial a la financiacion de la sanidad, afirmando que es algo que, en un momento dado, puede descabalar las cuentas.

En concreto, según Fernández Vara, "lo que queremos todos es tener suficiencia financiera para poder atender nuestros servicios básicos y hay deseo de poder alcanzar acuerdos y no debemos verter todo lo que tenemos pendiente y sería buena oportunidad de poner negro sobre blanco y dar respuesta a todos".

Además, ha destacado que, durante la sesión de trabajo, ha hecho especial hincapié en la sanidad, por lo que ha manifestado que "es preciso definir qué sanidad se quiere para establecer cuánto nos cuesta" y ha avanzado que se ha encomendado a la comisión de expertos realizar una análisis en profundidad de la sanidad.

Y es que, según sus palabras, "si queremos seguir teniendo una sanidad puntera, hay que ser conscientes de que hay que invertir en ella", ha aseverado.

ÓRGANO CON CONTINUIDAD

El Presidente extremeño ha destacado la importancia de esta reunión, afirmando que "estamos ante otros tiempos porque el fin es que sobreviva" y, añadiendo que en la "España federal a la que aspiramos si hay un órgano federalizante es la Conferencia de Presidentes".

En este sentido, Fernández Vara ha reconocido que "ha sido una buena sesión de trabajo, hemos aprendido a trabajar de otra forma, si quieres que algo salga bien, prepáralo bien", ha apostillado el máximo mandatario extremeño, en relación a los once acuerdos aprobados durante la jornada de este martes.

Precisamente, en relación a las alianzas alcanzadas, ha destacado los relativos a las políticas activas de empleo, la educación y ha valorado que se haya dado el “pistoletazo” de salida al nuevo sistema de financiación autonómica y se haya analizado todo lo relativo a la unidad de mercado y la movilidad de los ciudadanos, así como lo que tiene que ver con el bono social para evitar el corte del suministro eléctrico a los ciudadanos más vulnerables.

Sobre el desarrollo de la Conferencia, ha indicado que ha podido hacer una "reflexión sobre el cambio climático", porque "casi nadie habla, todo lo que ocurre, como si fuera un problema futuro, no se preocupa nadie y debería preocuparnos".

También, respecto a la igualdad de género, "porque queda mucho por hacer, donde más difícil es, donde se tiene que hacer por convencimiento y no por ley".

Finalmente, Fernández Vara ha indicado que también ha trasladado su "especial preocupación" por el problema de consumo de alcohol por parte de menores, ha sentenciado.

ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES:

- SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO: Renovar la Estrategia Española de Activación para el Empleo para el período 2017-2020, de manera consensuada, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, estableciendo las siguientes prioridades:
1. Seguir avanzando activamente en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y en la mejora de los instrumentos de coordinación sobre los que se sostiene el Sistema Nacional de Empleo, aumentando la eficacia y la eficiencia de las Políticas Activas de Empleo, y avanzando para ello en la evaluación de las mismas en función de resultados y su planificación en el primer trimestre del año.
2. Seguir avanzando en la mejora del Sistema de Formación Profesional para el empleo, en especial en materia de Formación Dual, incrementando, a su vez, la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los recursos disponibles.
3. Orientar, de manera prioritaria, los servicios y programas en materia de políticas activas de empleo a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a la efectiva implantación de la Garantía Juvenil en España, así como a favorecer la empleabilidad de otros colectivos vulnerables, tales como los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración, las personas en riesgo de exclusión social y las personas con diversidad funcional.

- EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL:
1. Constituir, antes del 31 de marzo de 2017, el Consejo Nacional de Protección Civil, previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
2. Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del trabajo conjunto en el seno del Consejo y para configurar las actuaciones administrativas en la materia, como un sistema coordinado que incluya todas las aportaciones y medios de que disponen las diferentes Administraciones Públicas.

- ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO:
1. Impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos.
2. Elaborar y desarrollar, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.
3. En dicha Estrategia, que deberá estar aprobada en 2017, habrán de ser consideradas las conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España (creada en el seno de la Comisión de Entidades Locales del Senado), las propuestas y recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio del Senado sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña y, en su momento, las que emanen de la Comisión Especial de Estudio sobre la evolución demográfica cuya creación, también en el Senado, ha sido recientemente acordada. Y tendrá también en cuenta los trabajos del Foro de Regiones españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) y el dictamen del Pleno del Comité de las Regiones, así como aquellos otros que puedan aportar las distintas Administraciones autonómicas.
4. El Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, en la medida de sus posibilidades, defenderán ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que las políticas de la Unión tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos demográficos, que en la mayoría de los aspectos son comunes a todos los Estados miembros.

- PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN: Encomendar al Gobierno de España la solicitud de la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre educación que incorpore el diagnóstico y las aportaciones de las mismas a los trabajos del Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Y buscar la máxima coordinación entre ambos trabajos a fin de incorporar la visión de las Administraciones Autonómicas y las Comunidades educativas.

- DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y EMPLEO PÚBLICO:
1. Avanzar en la cooperación entre Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado, la buena regulación en el territorio nacional, y la movilidad interadministrativa, haciendo de todo ello un marco económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española:
- Para los agentes económicos, con un entorno más favorable a la competencia y a la inversión en términos de reducción de costes y trabas con el consiguiente incremento de la productividad y de la creación de empleo.
- Para los consumidores y usuarios, a fin de que puedan beneficiarse de un marco productivo y de distribución que les permita un mejor y mayor acceso a productos y servicios de calidad.
2. En el marco de la oferta pública de empleo anual, se procederá al análisis de las especiales necesidades en los sectores prioritarios de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en especial los de servicios sociales, educación, sanidad, seguridad y emergencias. En este sentido, se adoptarán las decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración Pública, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y con pleno respeto a los límites y reglas de gasto establecidos .
3. Se llevará a cabo un análisis del porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, singularmente en educación y en sanidad, y en su caso se buscarán fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas de personal en dichos ámbitos, en aras de garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y sostenible financieramente, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y dentro de los límites y reglas de gasto establecidos.
4. Trabajar leal y conjuntamente con el fin de potenciar la movilidad interadministrativa voluntaria para facilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajo de otras Administraciones Públicas, articulando mecanismos y medidas que favorezcan el derecho de éstos a disfrutar de dicha movilidad, tanto geográfica como funcional, y promuevan asimismo un uso más eficiente de los recursos de las Administraciones Públicas.
5. Impulsar una Administración Digital centrada en los ciudadanos, que permita simplificar y reducir la complejidad de la actuación de las Administraciones. Para ello se deben fomentar los servicios y herramientas compartidas con la finalidad de fomentar la eficiencia, la celeridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios digitales prestados.

- IMPULSAR LA TARJETA SOCIAL: Crear en el plazo de tres meses un Grupo de Trabajo con participación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias para el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social, incorporando también las aportaciones del Tercer Sector de Acción Social.

- MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
1.- Garantizar la participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.
2.- El compromiso de las Administraciones Públicas para la implantación de las medidas previstas en dicho Real Decreto-Ley 7/2016, entre otras: a. Coordinar los mecanismos comunicación suficiente entre las Administraciones y las empresas del sector eléctrico que permitan identificar los consumidores vulnerables de mayor severidad, con la participación de los servicios sociales competentes, y gestionar de forma eficaz las medidas necesarias para asegurar el suministro. b. Identificar en el ámbito de cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía los programas sociales existentes destinados a sufragar los suministros eléctricos de los consumidores vulnerables de mayor severidad, buscando la colaboración del sector eléctrico y de la Administración General del Estado.

- SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA:
1. Crear en el plazo máximo de un mes una “Comisión de Expertos”, integrada por los que se propongan por el Estado y uno por cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía, que se constituirá y dará comienzo a sus trabajos de forma inmediata.
2. Encomendar a esta Comisión los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. Igualmente se abordará, de forma paralela, la reforma del sistema de financiación de las Entidades Locales, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, sometiéndose la propuesta que resulte a su aprobación por la Comisión Nacional de Administración Local.
3. Dada la especial sensibilidad que generan los servicios vinculados a la dependencia dentro del marco del Estado del Bienestar, se analizarán los actuales mecanismos de financiación, en especial, los contenidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia. Por este motivo, se constituirá una comisión en el plazo máximo de un mes para proceder al análisis de la situación del sistema de dependencia que determine la situación actual, su sostenibilidad, y la financiación por parte del Estado. Dada la especial importancia cualitativa y cuantitativa de las políticas de gasto sanitario dentro de las competencias autonómicas, el grupo de expertos actualizará las principales variables determinantes de su coste, evolución y su reflejo en el modelo propuesto. Asimismo ese Grupo analizará cómo se ejerce la corresponsabilidad fiscal en España.
4. Bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y Función Pública y con la base de dichos análisis desarrollará sus trabajos el Comité Técnico Permanente de Evaluación y, posteriormente, el consejo de Política Fiscal y Financiera, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
5. El seguimiento de este acuerdo se encomienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participa también la AIREF, y que deberá intentar el máximo consenso en el año 2017.
6. Este acuerdo se trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias en cuanto afecta al sistema de financiación de las Entidades Locales.

- DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS ASUNTOS DE LA UNIÓN EUROPEA: La convocatoria, en el menor plazo posible y, en todo caso, en el primer trimestre de 2017, de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea a fin de que proceda a examinar los siguientes asuntos:
1. Funcionamiento de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea. En particular, la Conferencia abordará posibles modificaciones de su Reglamento interno para asegurar un grado suficiente de agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y actos de ejecución, en línea con el proyecto de Reglamento aprobado por la Comisión de Coordinadores en septiembre de 2014.
2. Evaluación del grado de cumplimiento de los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004 y posteriores modificaciones, y del funcionamiento de los mecanismos de participación existentes, sobre la base de la evaluación llevada a cabo el pasado año por los Directores de las Oficinas de Representación Autonómica en Bruselas. En particular, se examinará el funcionamiento del sistema en los ámbitos de transmisión de información y documentos necesarios para cumplir adecuadamente el mandato de coordinación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Las designaciones de los representantes autonómicos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y los criterios a utilizar; y los mecanismos de coordinación entre las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Estado en la definición y comunicación de la posición común.
3. Examen de posibles medidas para reforzar la dimensión europea en el marco de las discusiones de las distintas Conferencias Sectoriales. Para ello, y atendiendo al principio competencial, se buscará promover la participación de las Conferencias Sectoriales en la configuración de la posición española ante las instituciones comunitarias en aquellos asuntos en que concurran competencias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Las Conferencias Sectoriales informarán regularmente a la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea de las discusiones de sus actividades en este ámbito, a través del establecimiento de un sistema de comunicación permanente.
4. Adicionalmente, la Conferencia explorará vías para reforzar, en el marco del Foro de Economía y Política Regional, la coordinación entre las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Estado en los procesos de negociación y programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como en la gestión y ejecución de los mismos.
Asimismo, ante la dramática situación que padecen miles de refugiados, agravada este invierno y los llamamientos de ayuda de distintas organizaciones, la Conferencia de Presidentes acuerda impulsar un Plan coordinado de ayuda de emergencia, a través de la Cooperación al Desarrollo de nuestras Administraciones Públicas.

- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES, APROBADO EN LA IV REUNIÓN, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2009:
1. Celebrar anualmente la Conferencia de Presidentes como órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. Modificar su Reglamento de funcionamiento, adoptado en la IV Conferencia, celebrada el 14 de diciembre de 2009, para dotar al “Comité preparatorio”, además de las funciones de impulso y seguimiento, las de evaluación y ejecución de los acuerdos adoptados. Por ello, se procede a modificar el artículo 8 del vigente Reglamento.

- SOBRE EL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Encomendar al Gobierno de España la solicitud de la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre la violencia de género que incorpore las aportaciones de las mismas a los trabajos del Pacto de Estado contra la violencia de género.