Mérida
Ayuntamiento Mérida replica al PP que contrato servicio limpieza es herencia de su mandato
El contrato vigente del servicio de limpieza en la ciudad es 'heredado' del anterior Gobierno del PP y actualizaciones de su precio afecta en recibo basura
Así, lo ha señalado el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, en respuesta a las críticas del portavoz del PP, Santiago Amaro, añadiendo que la ciudadanía emeritense "debe conocer que el servicio de limpieza se presta conforme al contrato que dejó el Partido Popular", y ha lamentado "la contradicción" que supone "criticar unas condiciones que fueron establecidas por su propio partido".
A este respecto, Fuster ha recalcado que, "cuando el señor Amaro habla, tenemos que salir a decir la verdad y a traducir sus palabras en verdades inequívocas, contrastadas y objetivas".
Asimismo, ha explicado que la evolución del recibo de la basura responde a "la actualización del precio del contrato", de manera que "los impuestos que se pagan actualmente son los mismos que dejó establecidos el Partido Popular, con las correspondientes actualizaciones derivadas de los contratos vigentes".
Además, ha puntualizado que la actualización de los precios de este servicio, conforme al IPC, es "una exigencia legal en cualquier contrato de servicio público".
Por ello, ha considerado que "las críticas del portavoz del Partido Popular en Mérida a las condiciones del servicio y al recibo de la basura suponen cuestionar las decisiones adoptadas por su propio partido, de las que es heredero el actual contrato de limpieza en la ciudad".
Además, Fuster ha remarcado que la ciudadanía emeritense "debe conocer que el servicio de limpieza se presta conforme al contrato que dejó el Partido Popular", y ha lamentado "la contradicción" que supone "criticar unas condiciones que fueron establecidas por su propio partido".
Y, ha instado al portavoz del PP a actuar con "transparencia y veracidad en sus declaraciones", advirtiendo de que la falta de ambas supone "una falta de ética en la cuestión pública", un hecho que el gobierno municipal no puede "consentir".