Junta inicia una nueva licitación del contrato de limpieza del edificio La Paz en Mérida

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva licitación del contrato de limpieza del edificio de servicios administrativos La Paz de Mérida, con un importe de 450.700,40 euros y una duración de 24 meses.

Así se ha pronunciado la Administración autonómica ante la huelga indefinida convocada por la plantilla del servicio de limpieza de este edificio a partir del próximo martes, 13 de octubre, y motivada por los retrasos e impagos salariales que la empresa concesionaria, Realan, debe abonar conforme a sus obligaciones laborales.

En concreto, la decisión de poner en marcha la nueva licitación obedece al objetivo de garantizar la "correcta prestación del servicio" y evitar que situaciones como la actual puedan repetirse.

Dicho procedimiento, tal y como informa el Ejecutivo regional, se encuentra en "fase avanzada", ya que ya se ha celebrado la primera mesa de contratación, con la concurrencia de dos empresas, y la segunda mesa tendrá lugar la próxima semana, momento en el que se formulará propuesta de adjudicación.

Tras ello, deberán completarse los trámites administrativos y eventuales recursos previstos en la normativa, ha apuntado la Junta de Extremadura.

Del mismo modo, el Ejecutivo extremeño ha recalcado que continúa estudiando alternativas para afrontar la situación actual, "siempre dentro del respeto al derecho fundamental de huelga" y evitando cualquier actuación que pudiera "privar de eficacia" la convocatoria realizada por la plantilla.

Al respecto, la Administración autonómica ha reiterado su compromiso con la "estabilidad del servicio" y con la protección de los trabajadores, y seguirá actuando "con rigor" para restablecer la normalidad en el edificio de servicios administrativos La Paz.

DICE QUE LOS "INCUMPLIMIENTOS" SON RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA

La Junta ha insistido en que los "incumplimientos" hacia los trabajadores son "responsabilidad exclusiva" de la empresa adjudicataria, encargada de gestionar el servicio y garantizar el pago de las nóminas.

Así, la Administración autonómica ha venido actuando "con firmeza" y dentro del marco legal para proteger los derechos de las trabajadores y asegurar la continuidad del servicio.

A colación de esto último, la Junta se encuentra tramitando penalidades a la empresa por los incumplimientos detectados y ha analizado todas las opciones previstas en la normativa, incluyendo la posibilidad de resolución anticipada del contrato.