El arrendatario del local Peluquería Willy dice que Gobierno local no respeta sus derechos

Ep.

El arrendatario del local de la Peluquería Willy situado en la Plaza de la Constitución de Mérida, Manuel Romero González, ha afirmado que el gobierno local de la capital extremeña "no" respeta sus derechos como ciudadano con la expropiación de su local.

Así, incide en que como ciudadano tiene "derecho" a exigir al Ayuntamiento de Mérida que "cumpla la Ley en el procedimiento expropiatorio", y añade que al entender que "no lo hace al no respetar ni la competencia del pleno ni los trámites legales", ha sido por lo que ha formulado dos recursos administrativos y ahora se dispone a interponer un recurso contencioso.

"Con mayor razón cuando se amenaza con iniciar la obra de derribo sin esperar siquiera a que finalice el procedimiento expropiatorio", señala el arrendatario en un comunicado de prensa remitido por su abogado, Juan José Hinojosa Izquierdo.

De igual modo, subraya que el abogado que le asesora en el procedimiento expropiatorio "no tiene ninguna relación con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida", y considera que "es ruin y lamentable" que se le ataque "personalmente" y también al abogado que le llevó el juicio de desahucio, "que nada tenía que ver con su labor en el Consorcio de la Ciudad Monumental y, por tanto, ninguna información privilegiada ha utilizado".

De esta manera se pronuncia en relación a las declaraciones efectuadas por la portavoz municipal, Carmen Yáñez, en rueda de prensa celebrada este martes, como "afectado" por las mismas en su condición de arrendatario del local de negocio sito en la Plaza de la Constitución n.° 8 (Peluquería Willy) cuyos derechos "se pretenden expropiar".

Sobre dichas declaraciones, el arrendatario cree que Yáñez "falta a la verdad al indicar que cuando el ayuntamiento adquirió "este señor no tenía contrato en vigor ya que las monjas le comunicaron que se le extinguía el contrato", pues, como según indica el arrendatario "ha reconocido judicialmente el contrato de arrendamiento estaba y actualmente sigue en vigor mientras no fallezca o se jubile".

"Falta también a la verdad la Sra. Yáñez al referir que no tengo ningún derecho más allá de la consignación de rentas a la que me obligaron al negar la vigencia del contrato, al ocultar que existe una sentencia judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Mérida, que desestimó el desahucio promovido por el Ayuntamiento tras considerar acreditado que el contrato de arrendamiento está en vigor", añade.

En la misma línea, cree "incomprensible y contradictorio" que Yáñez "niegue" sus derechos como "arrendatario", a la vez que "se encarga de tramitar un expediente para expropiar derechos arrendaticios".

INDEMNIZACIÓN

Además, añade que "no" le han ofrecido "indemnización alguna". "Sólo me han dado traslado en el expediente de expropiación de una hoja de aprecio que valora los derechos arrendaticios en una cifra aproximada de 25.000 euros, cantidad que en uso de mis derechos y por diversas razones no he aceptado", señala.

Al mismo tiempo, incide en que es un ciudadano al que la portavoz municipal, en representación del equipo de gobierno municipal, le "está difamando, intentando ensuciar" su "imagen".

"Cuando adquirieron el convento, negaron la existencia del arrendamiento a pesar de saber que llevaba explotando el local cerca de 50 años con un contrato y me tildaron de ocupa. Ahora me tildan de aprovechado y me acusan de intentarles extorsionar, es decir, de cometer un delito", sentencia el arrendatario.

Finalmente, concluye que "no reconocen que como ciudadano" tiene "derechos" y puede hacer "valer" los mismos en el expediente de expropiación.

"Los ciudadanos tenemos derechos y exigir que se cumplan no significa ir en contra ni de la ciudad ni del resto de ciudadanos. Es el Ayuntamiento quien está innecesariamente empleando dinero público en actuaciones que hubieran resultado innecesarias (como los juicios anteriores o la contratación de un profesional en el expediente de expropiación) de haber negociado un acuerdo razonable para ambas partes", concluye.