ANPE reclama un 'gran' pacto político por la educación pública extremeña

ANPE Extremadura reclama un "gran" pacto político por la educación pública en la región que "trascienda colores y legislaturas", y basado en el planteamiento de que invertir en educación "no es un gasto, sino la mejor política de progreso, cohesión y esperanza".

Asimismo, plantea a la nueva consejera de Educación de la Junta, Sandra Valencia Ramos, una "revolución educativa y salarial" para el sector de la educación pública en la comunidad.

De este modo, el sindicato docente plantea un "auténtico plan de choque" con medidas que afectan directamente al bolsillo, las ratios, la autoridad docente, la salud mental en las aulas y la estabilidad del profesorado, todo ello bajo la consideración de que "sin profesorado reconocido y bien tratado, no hay futuro educativo posible".

Así lo plantea en un documento que parte de la idea central de que "sin docentes reconocidos, motivados y bien tratados, no hay sistema educativo de calidad posible". De hecho, como medidas concretas, señala la necesidad de cumplir con la reclamación "histórica" de la homologación salarial del profesorado extremeño con la media estatal.

A este respecto, recuerda que los docentes extremeños cobran entre 200 y 400 euros menos al mes que compañeros de otras comunidades autónomas, situación que considera "insostenible e injusta".

En la misma línea, la organización advierte de que esta brecha salarial está provocando "fuga de talento, pérdida de motivación y una desventaja estructural para Extremadura, especialmente en el medio rural". "No puede haber cohesión territorial si un docente extremeño sigue siendo tratado como un profesional de segunda dentro del mismo país", según informa ANPE en una nota de prensa.

Además, exige que esta subida se extienda también a equipos directivos, coordinadores, e inspección educativa y que vaya ligada al IPC para evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo.

Otra de las reivindicaciones de ANPE es la implantación del sexto sexenio docente, que busca reconocer económicamente la formación y experiencia del profesorado veterano.

Actualmente, el sistema sólo contempla cinco sexenios, dejando sin reconocimiento retributivo los últimos años de carrera profesional, precisamente cuando la edad de jubilación se ha ampliado hasta casi los 67 años, recuerda.

Para ANPE, esta situación "castiga precisamente a quienes más experiencia, estabilidad y liderazgo pedagógico aportan al sistema educativo". El sindicato considera, así, que implantar el sexto sexenio supondría "dignificar" la profesión docente y "reforzar" la motivación del profesorado más veterano.

MENOS BUROCRACIA Y MÁS EDUCACIÓN

ANPE carga también contra la "creciente burocratización" de los centros educativos, y reclama simplificar planes, memorias y plataformas digitales, toda vez que "el tiempo docente pertenece a la enseñanza, no a rellenar papeles".

Entre sus propuestas destacan plataformas interoperables, documentos autorrellenables y modelos oficiales unificados para evitar duplicidades administrativas que, según advierte, están "alejando" al profesorado de su verdadera labor educativa.

El documento dedica, también, un bloque específico a la escuela rural y a los centros de difícil desempeño. Así, ANPE reclama incentivos económicos, plantillas "estables", ratios reducidas y refuerzo itinerante de orientación y atención a la diversidad.

El sindicato considera que cerrar o debilitar escuelas rurales no es sólo un problema educativo, sino social y demográfico. "Sin escuela rural no hay pueblos vivos ni futuro para muchas zonas de Extremadura", advierte.

Además, propone un complemento específico para docentes que trabajen en localidades de menos de 3.000 habitantes.

AUTORIDAD DOCENTE Y PROTECCIÓN JURÍDICA

Del mismo modo, ANPE exige desarrollar de manera "efectiva" la Ley de Autoridad Docente para "reforzar" la protección legal del profesorado frente a insultos, amenazas, coacciones o agresiones.

La organización considera "imprescindible" devolver al docente el reconocimiento institucional "perdido" y "blindar jurídicamente" el ejercicio de su función como autoridad pública.

Al mismo tiempo, aboga por la reducción de ratios hasta 15 alumnos en Infantil, 18 en Primaria y 22 en Secundaria; así como por la bajada de horas lectivas a 21 horas en Infantil y Primaria y 17 en Secundaria.

También solicita orientadores a tiempo completo y refuerzo de atención psicológica; la implantación de enfermeras escolares; la recuperación del cobro del verano para interinos con 165 días trabajados; y la conversión de plazas funcionales en orgánicas para reducir la temporalidad.

Finalmente, aboga también por el reconocimiento de la acción tutorial; y reclama un docente para la enseñanza de 0-3 años, y el reconocimiento de vacaciones no disfrutadas como tiempo de servicio efectivo tras una sentencia del Tribunal Supremo.