Extremadura recurre el decreto de Universidades

Rd./Ep.

La presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, ha dado cuenta este martes al Consejo de Gobierno de la autorización otorgada a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

De la misma forma se modifican el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos; el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales; y el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, según informa la Junta.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado acerca de la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que introduce cambios en materia universitaria "que afectan directamente a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas", tal y como ha asegurado.

Y es que, desde el Gobierno regional, tal y como ha añadido, "no estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido", ya que para ese Real Decreto se ha utilizado "el trámite de urgencia sin necesidad ninguna, no se han escuchado las alegaciones de las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen competencia en materia universitaria".

DEFIENDE QUE HAY UNA "EXTRALIMITACIÓN MUY CLARA" DE COMPETENCIAS

A preguntas de los medios, Manzano ha criticado que las condiciones para la implementación de universidades en España se endurecen por la visión "sectaria" del Gobierno central de cara a limitar su implantación, lo que afectaría a Extremadura "tanto por el número de alumnos que exige para la posible implantación de estas universidades que es muy elevado, supera los 4.000, como también para el número de doctores que tienen que estar al frente de las mismas".

De este modo, en el recurso se solicita, entre otros aspectos, la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación, adquisición y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas.

"Si nosotros somos los competentes en esta materia, ¿por qué tenemos que recabar esa información, ese informe favorable, esa documentación de órganos externos, cuando, además existen otras instituciones como la ANECA que velan porque esos grados tengan el nivel de calidad que exigen?", se ha preguntado.

"Hay una extralimitación competencial muy clara de ese decreto en la autonomía de nuestra comunidad autónoma, en la competencia de nuestra comunidad autónoma, a la hora de regular esta materia, y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva, por supuesto, a favor de nuestra región", ha señalado.