Juventud
Comisión Técnica coordinará sistemas protección y atención a menores en conflicto con Ley
Como órgano técnico multiprofesional encargado de realizar labores de propuesta, seguimiento y valoración de las actuaciones a realizar con cada menor.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que se crea y regula la Comisión Técnica de Coordinación de los Sistemas de Protección y Atención a menores en conflicto con la Ley.
Así pues, la Junta ha explicado que, en ocasiones, se da la circunstancia de que un menor de edad, que cuenta con un expediente de protección, se encuentra al mismo tiempo inmerso en un expediente de reforma, a resultas del cual le es impuesta, mediante sentencia del Juez de Menores correspondiente, una medida de internamiento y/o de ejecución en medio abierto.
Ante ello se requiere el impulso de acciones coordinadas desde la cooperación y colaboración entre ambos sistemas, especialmente en los supuestos en los que la medida judicial que se imponga sea de internamiento o de convivencia en grupo educativo, puesto que la ejecución de las citadas medidas judiciales supondrán la salida temporal del recurso residencial de protección.
Además, durante este período, la persona menor de edad deja de estar bajo la guarda del sistema de protección de menores para pasar a estar bajo la guarda temporal del sistema de reforma, debiendo adoptarse medidas desde éste que incidirán directamente sobre los intereses del menor de edad y que exigen, necesariamente, tomar en consideración la existencia del expediente de protección en el que se encuentra inmerso, según informa la Junta en una nota de prensa.
Por tanto, con el fin de facilitar esta respuesta coordinada, que proteja en todo caso el interés superior del menor, mediante el decreto aprobado se crea y regula el funcionamiento de la Comisión Técnica de Coordinación de los Sistemas de Protección y Atención a Menores en conflicto con la Ley, como órgano técnico multiprofesional encargado de realizar labores de propuesta, seguimiento y valoración de las actuaciones a realizar con cada persona menor de edad y/o joven, a partir del estudio de sus necesidades, tomando en consideración la existencia simultánea de los expedientes de protección y de reforma.