La justicia española procesó a 30 personas por delitos de corrupción entre abril y junio

Los órganos judiciales españoles han procesado a cuatro personas por delitos de corrupción entre abril y junio de 2026 en Extremadura, un periodo en el que se han dictado tres sentencias en la región, todas ellas condenatorias.

A su vez, en todo el país, la justicia ha procesado en el segundo trimestre de a 30 personas físicas por delitos de corrupción entre abril y junio de 2026, cuando se han dictado 19 sentencias, de las cuales 16 fueron total o parcialmente condenatorias.

Así lo ha comunicado este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa, en la que ha detallado que los jueces dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 30 personas, todas ellas físicas, en seis procedimientos por corrupción durante el segundo trimestre. De ellas, 21 fueron en Andalucía, cuatro en Extremadura, tres en Madrid y dos en Murcia.

En ese mismo período los jueces de España dictaron 19 sentencias por corrupción, de las cuales 16 fueron condenatorias y tres absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 84,2% por ciento de los casos. De ellas, una fue dictada en órganos centrales, mientras que cinco de ellas fueron en Andalucía, tres en Castilla y León, tres en Extremadura, dos en Murcia, dos en Cataluña, dos en Valencia y una en Canarias.

Asimismo, el CGPJ ha indicado que "ninguna persona jurídica fue objeto de los autos de apertura de juicio oral o de procesamiento dictados en este periodo".

Estos datos han sido recogidos en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ de acceso público a través de la página web del órgano de gobierno de los jueces y que "permite a la ciudadanía conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción".

"La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía", según informa el CGPJ.

A su vez, detalla que "los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política".

Finalmente, según indica el CGPJ, estos actos son constitutivos de delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, así como delitos de corrupción en los negocios.