El Gobierno recurre la Ley de Concordia de Extremadura y la Junta la defiende

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El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura.

El Gobierno considera que, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, concurren motivos de inconstitucionalidad por el incumplimiento del deber de colaboración con la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Asimismo, solicita la suspensión de los preceptos que se impugnan de la norma, dados los precedentes de mantenimiento de la suspensión por el Tribunal Constitucional en otros casos, como así sucedió cuando se impugnaron normas similares en Cantabria o Valencia.

Los motivos que se alegan para la impugnación es que la ley extremeña reduce la protección reconocida a las víctimas por la legislación estatal, además de que la nueva regulación limita derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, "especialmente los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición".

Otros motivos que se alegan son que "la concordia no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas", que "la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla"; y que el cambio conceptual de "memoria" a "concordia" no es meramente terminológico, sino que implica reducir la protección pública de las víctimas.

También se fundamenta que, conforme al Derecho Internacional, "no existe contradicción entre promover la concordia social y garantizar plenamente los derechos de las víctimas; al contrario, la reparación constituye un presupuesto de esa concordia".

El recurso también considera que se incumple el deber de colaboración con el Estado, ya que con la normativa regional, la Comunidad Autónoma deja de cooperar plenamente con la normativa estatal. "La ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal", recoge la nota remitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Igualmente, considera que la norma extremeña afecta a derechos fundamentales de las víctimas porque "vulnera la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura".

En este sentido, el recurso conecta los artículos 10 y 15 de la Constitución con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que exigen "garantizar reparación, reconocimiento y protección efectiva a las víctimas".

Y finalmente, el Gobierno entiende que la norma extremeña "invade competencias estatales" en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado (art. 149.1, reglas 1.a, 6.a y 30.a).

DEFENSA DE LA JUNTA

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido la Ley de Concordia aprobada por el PP y Vox en la región ante el posible recurso de inconstitucionalidad que pueda plantear el Gobierno central sobre la norma.

Lo hace al subrayar que dicha ley busca la "paz social", la "integración" y que la comunidad reconozca "la situación de todas las víctimas.

Según Manzano, "defensa de esa ley, defensa de una norma que lo que intenta, por supuesto, es dar cumplimiento a algo que creo que todo Gobierno debe buscar, que es esa concordia, que es esa paz social, que es esa integración, que es que superemos determinadas situaciones y que atendamos, por supuesto, por esa paz que debemos tener".

Tras apuntar que el Estado está "legitimado" para recurrir o no la norma extremeña, ha señalado que la Junta se mantendrá a la espera, "en su caso", de lo que el Tribunal Constitucional pueda dictar al respecto; y ha insistido no obstante en la "defensa" de la Ley de Concordia de la comunidad.

Y, Manzano ha concluido que "el Estado está legitimado para ello, estaremos a la espera de lo que diga, en su caso, el Tribunal Constitucional, pero defensa de una norma que lo que ha buscado, precisamente, ha sido eso, llegar a esa concordia y que nuestra comunidad autónoma reconozca, por supuesto, la situación de todas las víctimas".