Aprobado decreto ley para que precio de ofertas tenga menos peso en licitaciones públicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica, que tiene por objeto mejorar la calidad y eficiencia de la contratación pública en determinados ámbitos estratégicos para contribuir al impulso de la recuperación, la inversión y el crecimiento sostenible e innovador en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, durante la rueda de prensa celebrada en Mérida con posterioridad a la reunión semanal del Gobierno extremeño.

Concretamente, entre los preceptos de ese nuevo decreto ley, el responsable ha mencionado la ponderación del precio, de modo que se posibilita la utilización de fórmulas de valoración de las ofertas económicas que, poniendo en valor la relación entre la calidad y su coste, eviten la presentación de ofertas mediocres a causa de la minoración de los precios.

Por otro lado, habrá una reducción progresiva de la valoración de las ofertas a partir de un determinado nivel de baja o la no concesión de puntos adicionales a las ofertas inferiores a una determinada cifra (umbral de saciedad).

Además, se acotan de un modo más riguroso los márgenes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar las bajas desproporcionadas que pongan en riesgo los bienes o servicios contratados y eviten una ejecución inadecuada del contrato (umbral de anormalidad).

MEDIDAS INCLUIDAS EN EL NUEVO DECRETO

Así pues, entre las medidas que incluye este nuevo decreto ley se incluye la ponderación del precio, de modo que se posibilita la utilización de fórmulas de valoración de las ofertas económicas que, poniendo en valor la relación entre la calidad y su coste, eviten la presentación de ofertas mediocres a causa de la minoración de los precios o que no se ejecuten conforme a contrato debido a su falta de viabilidad económica.

Por otro lado, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, habrá una reducción progresiva de la valoración de las ofertas a partir de un determinado nivel de baja o la no concesión de puntos adicionales a las ofertas inferiores a una determinada cifra.

Y es que, a su entender, esto reduce las diferencias en las puntuaciones que obtienen las empresas en las proposiciones económicas y, por ende, concede mayor protagonismo a las puntuaciones relativas a cuestiones técnicas, de calidad, organizativas, etcétera.

Además, se acotan de un modo más riguroso los márgenes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar las bajas desproporcionadas que pongan en riesgo los bienes o servicios contratados y eviten una ejecución inadecuada del contrato.

También se introduce una regulación más detallada para la aplicación de los criterios de calidad y se establece un marco de actuación específico para la contratación de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

Del mismo modo, se contemplan medidas para equilibrar la viabilidad económica de la contratación de obra pública, con la obligatoriedad de incluir una cláusula de revisión de precios en todos los contratos que se liciten por procedimiento abierto y la no penalización en los supuestos en los que se produzcan retrasos en los plazos, motivados por la falta de suministros a consecuencia de desabastecimientos imprevistos no imputables al contratista.