Extremadura aboga por criterio población ajustada en reparto fondos adicionales de los PGE

La Junta de Extremadura ha abogado por aplicar el criterio de población ajustada en el reparto de la dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Así se ha posicionado Extremadura ante el requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda, y con el que pretende buscar el "máximo consenso" en la distribución de los 13.486 millones de euros de financiación extraordinaria.

En concreto, estos fondos servirán para hacer frente a la prestación de los servicios públicos fundamentales en el contexto de la crisis sanitaria, en el que "se ha incrementado su coste y en el que ha disminuido la recaudación tributaria", según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, Extremadura ha considerado que lo "más adecuado" es que los citados fondos se distribuyan con los criterios ya utilizados para el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos por su carácter complementario a la financiación autonómica.

A su vez, la comunidad extremeña defiende que la aplicación efectiva de este criterio de distribución "garantiza los principios de suficiencia, equidad y solidaridad, constitucionalmente reconocidos y garantizados".

En este sentido, el Ejecutivo extremeño mantiene que el criterio de población ajustada se ha demostrado "determinante" en el actual modelo del Sistema de Financiación Autonómico.

"Un criterio sobre el que es preciso profundizar en la futura reforma del sistema ya que, y la región así lo ha manifestado, no incluye todas las variables necesarias para configurar un modelo que se ajuste al coste de la prestación de los servicios públicos", ha remarcado.

Finalmente, en el escrito remitido al Ministerio, Extremadura considera que las necesidades de gasto que deben plasmarse derivan de la prestación de los servicios a los ciudadanos "en condiciones de igualdad".

Un aspecto, tal y como ha apuntado, que quedaría "desvirtuado" si se aplica el criterio del PIB, ya que "perjudicaría a las regiones con menos índice de riqueza", concluye.