Unidas por Extremadura exige a la Junta más control ante aumento de plantas de biometano

El diputado de Unidas por Extremadura, Juan Schirinzi, ha defendido, en sesión plenaria, una moción en la que ha instado a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de generación de biogás y biometano y la gestión de los residuos ante la proliferación de estas plantas en la región; tanto PP como Vox han votado en contra de esta moción.

Schirinzi ha comenzado su intervención saludando y reconociendo a las vecinas y vecinos de Hernán Cortés, Miajadas y Badajoz afectados por la instalación de plantas de biometano en sus municipios y que este jueves estaban siguiendo el pleno en la Cámara.

El diputado de Unidas por Extremadura ha reclamado a la Junta que "dejen a un lado las posiciones ideológicas" y que se pongan del lado de estos vecinos y vecinas así como de los de Plasencia, Oliva, Granja, La Coronada, y "tantos a los que afectan el nulo control" del gobierno regional ante la instalación de estas plantas de biometano.

Schirinzi ha criticado que hay un "serio vacío" en la documentación y en las condiciones que la consejería exige a las empresas que gestionan estas plantas en la tramitación de las declaraciones ambientales.

"Estas plantas llegan, presentan un estudio de viabilidades que dice que vamos a transformar, por poner el ejemplo de la de Don Benito, 200.000 toneladas de residuos, pero ni siquiera tenemos unos contratos apalabrados o un proceso económico que respalde primero de dónde van a obtener todos estos residuos", añadiendo que esto "deja la puerta abierta" a la instalación por ejemplo de macrogranjas que generen todos estos residuos.

Además, ha denunciado que ninguno de los proyectos "cumple con una cuestión básica" como es dónde "van a tratar los residuos resultantes de todo el proceso de anaerobia y de todo el proceso de generación de biogás" y ha señalado que la consejera lo deja en manos de la empresa y de si considera que es "económicamente viable" el proyecto.

Ante lo que ha manifestado que al igual que en Almaraz, "cuando las condiciones no le cuadran a las empresas, que no significa que no sean viables, desde la Junta de Extremadura se establecen todos los mecanismos de soporte, de apoyo y de acompañamiento" para que estos procesos sean viables.

Schirinzi ha señalado además que en Castilla La Mancha, el Partido Popular desde la oposición ha colaborado en la redacción de un plan estratégico que recoge cómo, cuándo y dónde se pueden instalar esta plantas, también que en Navarra el mismo grupo parlamentario ha apoyado una moción que establece una moratoria de dos años "para que estas plantas no campen a sus anchas, y haya un criterio establecido de cuáles, cómo y dónde".

Junto con ello, ha evidenciado que si el gobierno central endurece la condiciones desde la Junta de Extremadura dirán que "están invadiendo competencias" y ha pedido más control para que "los proyectos que se lleven a cabo tengan viabilidad económica, viabilidad ambiental y tengan un compromiso de respeto y de crecimiento para con las realidades municipales en las que se establecen".

El diputado le ha recordado a la consejera Morán que en este tema "la ley de la selva no funciona" y que 34 proyectos "sin ningún tipo de control en Extremadura no sirven de nada" porque como ha señalado la mayoría no son "ni siquiera realizables" y le ha recriminado que desde la consejería ni siquiera solicitan "planes de viabilidad" ante esto ha preguntado qué hace la Junta de Extremadura y ha ironizado con que son "alérgicos a la gestión".

Y, ha concluido que, "cada vez que ustedes tienen que tomar una decisión que les implique o les manche un poco las manos, para la gente de abajo no se las manchan. El problema es que para la gente que tiene el dinero suficiente para ponerlo encima de la mesa de la consejería, esa gente sí, por esa gente se ponen ustedes las manos de barro hasta los codos".