PP, Vox y PSOE aprueban decreto amplía 15 años autorización a ejercer comercio ambulante

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La Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes un Decreto-ley que, entre otras cuestiones, amplía hasta 15 años la autorización para ejercer el comercio ambulante en la región, frente a los 7 actuales. Además, incluye la posibilidad de pedir una prorrogar por otros 15 ejercicios, hasta alcanzar los 30 años.

El mismo Decreto-ley, aprobado con 58 votos a favor de PP, Vox y PSOE, y siete abstenciones de Unidas por Extremadura, también incluye medidas para adaptar la normativa autonómica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura a la legislación básica estatal.

Durante la presentación de la norma ante el parlamento autonómico, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, ha defendido que no se trata de una reforma del sistema cameral ni una revisión "completa" de la regulación del comercio ambulante, sino de un texto con "modificaciones puntuales" dirigidas a resolver problemas "concretos": por un lado, asegurar que el proceso electoral de las cámaras se desarrolle sobre un marco jurídico conforme a la legislación básica estatal; por el otro, la de ofrecer "estabilidad, continuidad y seguridad jurídica" a la actividad de la venta ambulante.

"En ambos casos, estamos ante la responsabilidad de dar respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad", ha defendido Santamaría, en referencia a la decisión de que estas modificaciones se realicen a través de un decreto-ley, y no como proyecto de ley.

MEDIDAS PARA EL COMERCIO AMBULANTE

Sobre las medidas para facilitar el comercio ambulante, Santamaría ha explicado que hasta ahora las autorizaciones tenían una duración de siete años y que, como consecuencia del régimen transitorio previsto por la legislación anterior, un número "significativo" había comenzado a extinguirse desde octubre de 2025. "Esta situación afectaba directamente a comerciantes" que, en muchos casos, "dependen de esta actividad como medio de vida propio".

Ante esta situación, la Junta ha decidido ampliar las autorizaciones de siete a 15 años, con la posibilidad de que puedan prorrogarse por otro periodo idéntico, por una sola vez y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza municipal correspondiente. En este sentido, ha precisado que se mantiene la comprobación anual por los ayuntamientos del cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y en sus ordenanzas.

El texto también busca clarificar la figura de la persona suplente, de manera que se permitirá identificar a una persona suplente permanente y contempla que, cuando la titular sea una persona física, familiares que sean "debidamente incluidos en la autorización municipal" puedan asistirla ocasionalmente y por causa justificada.

Además, el decreto-ley facilita la transmisión de las autorizaciones a familiares hasta tercer grado de consanguineidad, afinidad o a causahabientes en las condiciones establecidas por las ordenanzas municipales.

"Este cambio no convierte la autorización en un título indefinido ni desvinculado de su actividad original. La transmisión queda limitada al periodo restante de la autorización, solo permite vender la misma clase de artículos o productos y está sujeta a las condiciones que fije el municipio", ha matizado el consejero.

Santamaría ha subrayado que las autorizaciones vigentes pasan "automáticamente" a tener una duración de 15 años desde su expedición, con la posibilidad de solicitar la prórroga prevista legalmente, mientras que las que las solicitudes que estén actualmente en tramitación, y todavía no estén resueltas, quedan sujetas a un nuevo régimen.

Además, se da un plazo máximo de un año a las entidades locales para que adapten sus ordenanzas, sin que esa adaptación pendiente impida la aplicación "automática" de las nuevas previsiones a las autorizaciones vigentes.

CÁMARAS DE COMERCIO

En cuanto a las Cámaras de Comercio, Santamaría ha explicado que responde a un requerimiento formulado por el Estado ya en septiembre de 2022 para adaptar la normativa autonómica a la estatal relacionado con los procesos electorales camerales.

El consejero ha señalado que las cuestiones del decreto-ley afectan a elementos sobre quién puede ser candidato, qué requisitos debe cumplir o cómo se ejerce el derecho del voto en estos procesos. Así, la norma establece un requisito de al menos dos años de ejercicio efectivo de la actividad empresarial en la correspondiente circunscripción territorial, se elimina el voto por delegación y la limitación legal de los mandatos en las presidencias de las cámaras.

"Esta orden no convoca a las elecciones ni implica que deban celebrarse de manera inmediata, lo que hace es abrir un procedimiento complejo que exige desarrollar previamente numerosas actuaciones" y que deben realizarse antes del 31 de diciembre de 2027, cuando finalizará el proceso abierto en diciembre de 2025 para renovar las cámaras.

A renglón seguido, ha matizado que las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres se constituyeron el 8 de marzo de 2023 y el 27 de enero de 2023, respectivamente, y que las modificaciones del decreto-ley sirven para el régimen aplicable a su futura renovación, pero "no alteran" los mandatos actuales. "La norma actúa hacia el futuro, para que la siguiente renovación tenga reglas claras, homogéneas y compatibles con la legislación básica estatal".

CRÍTICAS POR LA URGENCIA DE LA MEDIDA

El representante de Unidas por Extremadura, Juan Alessandro Schirinzi Pareés, ha criticado la "urgencia" en la aprobación de las medidas a través de un decreto-ley, en lugar de optar por un proyecto de ley, y que se hayan incluido modificaciones con las que el PP no estaba de acuerdo cuando estaba en la oposición.

Schirinzi ha lamentado la supresión de la limitación del mandato de las presidencias, así como de la delegación del voto, medidas que, a juicio de Unidas por Extremadura, sirven para que haya un "saneamiento democrático" en las cámaras y a que haya mayor participación y representación de las pymes en los elecciones y en los órganos de gobierno.

En cuanto al comercio ambulante, el representante de Unidas por Extremadura ha mostrado su conformidad con la mayoría de las medidas, aunque ha insistido en criticar el método para aprobarlas, de manera que su formación ha optado por la abstención en la votación.

También el Grupo Parlamentario Socialista ha criticado "el momento y la forma" en la que se han realizado estas modificaciones, a través de un "decretazo", según ha asegurado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez Cortés.

Álvarez ha anunciado el voto favorable de su formación, pero ha criticado que se haya optado por un decreto-ley para solucionar un problema que "no es sobrevenido" y que "no ha surgido de la nada", que podía realizarse por "otros mecanismos". Además, ha pedido "coherencia" al PP que, tras criticar el uso del decreto-ley cuando estaba en la oposición, ahora ha optado por esta figurado cuando está en el gobierno autonómico.

LA URGENCIA LA CREA "LA REALIDAD

Por su parte, el diputado del PP Manuel Martín Castizo, ha defendido que la urgencia "no la ha creado" el actual gobierno autonómico, sino "la realidad". "Frente a esa realidad, este gobierno ha actuado. Algo estaremos haciendo bien cuando algunos se dedican a discutir el envoltorio de la ley antes que el contenido", ha trasladado a la Asamblea de Extremadura.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Vox Eva García Alegre ha defendido que el Ejecutivo autonómico, formado de la coalición entre su partido y PP, actúa con "celeridad y con responsabilidad a la hora de cumplir con los plazos pactados en el acuerdo de gobierno".