UGT muestra su preocupación por el 'impacto social' del acuerdo de gobierno PP-Vox

UGT Extremadura ha mostrado su preocupación por el contenido del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX, al considerar que "incorpora medidas que ponen en riesgo los derechos laborales, sociales y democráticos en la región", ya que apuesta "por la desregulación, la debilitación de los servicios públicos y el recorte de la participación social".

Además, el sindicato considera "especialmente preocupante" el enfoque en materia de inmigración, ya que a su juicio, "introduce planteamientos que pueden derivar en la criminalización de las personas migrantes y en la generación de tensiones sociales", en una comunidad que según señala "debe caracterizarse por la convivencia, la inclusión y la cohesión".

Frente a ello, la organización sindical reafirma, a través de una nota de prensa, que defiende una sociedad "inclusiva, cohesionada y basada en derechos", por lo que lamenta que este acuerdo firmado este pasado jueves entre PP y Vox "promueve la división, el señalamiento y la exclusión de colectivos vulnerables".

ADVIERTE DE RIESGOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Además, UGT Extremadura advierte de que determinadas propuestas recogidas en el acuerdo, como la priorización en el acceso a recursos públicos o el replanteamiento de políticas sociales, "pueden contribuir a incrementar la desigualdad y la exclusión social, alejándose de un modelo basado en derechos y en la igualdad de trato".

El sindicato también considera que el "cuestionamiento de políticas vinculadas a la Agenda 2030, la reducción de la cooperación internacional y determinadas medidas fiscales" pueden tener un "impacto directo en la cohesión social y en la capacidad de respuesta de los servicios públicos", señala.

"MEDIDAS DE DIFÍCIL APLICACIÓN"

A su vez, UGT Extremadura señala que parte de las medidas incluidas en el acuerdo "exceden el ámbito competencial" de la Comunidad Autónoma, al depender de decisiones del Gobierno de España o del marco normativo de la Unión Europea, por lo que a su juicio, su inclusión "responde en gran medida a planteamientos de posicionamiento político que no siempre se traducen en soluciones viables y efectivas para la ciudadanía".

Ante esta situación, UGT insta a "centrar la acción de gobierno en medidas realistas y aplicables", y alerta además de que, bajo el discurso de la "eficiencia" y la "optimización del gasto", se esconde, a su juicio, "una estrategia de recorte y debilitamiento de los servicios públicos, con especial preocupación en ámbitos como la sanidad y los servicios sociales", señala.

Y es que, según apunta, aunque el acuerdo contempla un aumento presupuestario en sanidad, UGT advierte del "riesgo de avanzar hacia modelos de colaboración público-privada" que, según apunta, "pueden derivar en privatizaciones encubiertas, deteriorando la calidad asistencial y el acceso en condiciones de igualdad".

En cuanto a las medidas en materia de vivienda, UGT las considera "insuficientes y sesgadas", ya que a su juicio, "introducen criterios restrictivos que pueden dificultar el acceso a amplias capas de la sociedad, en lugar de abordar el problema desde una perspectiva de derecho universal".

Finalmente, y por todo ello, UGT Extremadura reitera su "compromiso con el diálogo social, la concertación y la defensa de los derechos laborales y sociales, pilares fundamentales para el desarrollo de la región", y avanza que realizará un "seguimiento exhaustivo" de la aplicación de este acuerdo, manteniendo "una actitud vigilante y constructiva, con el objetivo de evitar retrocesos en derechos y garantizar que las políticas públicas contribuyan al bienestar del conjunto de la ciudadanía".

Según señala, el progreso de Extremadura "no puede construirse sobre la desigualdad, la exclusión ni el debilitamiento de los servicios públicos", y frente a este modelo, UGT señala que seguirá "un modelo basado en el empleo digno, los servicios públicos de calidad y la cohesión social", concluye.