Gobierno aprueba 2.874 millones en ayudas para sector primario en Andalucía y Extremadura

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El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas extraordinarias por 2.874,1 millones de euros a iniciativas, recogidas en el decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios, buscan paliar los perjuicios ocasionados por estos fenómenos climatológicos ocurridos desde el 1 de enero, que han afectado con mayor siniestralidad a estos sectores de las mencionadas regiones.

La mayor parte del presupuesto son ayudas directas por valor de 2.174 millones de euros para 619 municipios de Extremadura y Andalucía, sin necesidad de realizar ningún trámite, ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta cuantía se desglosa, en su rama principal, en subvenciones de 2.121 millones para compensar la pérdida de renta en agricultores, ganaderos y acuicultores inscritos en el registro autonómico de explotaciones agrarias, por medio de una ayuda de entre 5.000 y 25.000 euros, que supondrá el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.

Para complementar la partida, figura una ayuda directa adicional por 43,1 millones de euros para aquellas personas titulares de pólizas de seguro agrario y ayudas directas de 10 millones de euros destinadas a los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, que serán compensados ante pérdidas de más del 40 por ciento.

En cuanto a los 700 millones de euros restantes, la mayoría corresponde a una dotación de 600 millones, a través de las empresas públicas Tragsa y Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), con el fin de reparar los caminos e infraestructuras agrarias dañadas y las instalaciones de regadío en todo el territorio andaluz y extremeño.

Finalmente, los últimos 100 millones pertenecen a una línea de financiación especial del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-Saeca), para las personas afectadas de los sectores agrario y pesquero de ambas comunidades.

A través de esta ayuda, se bonificará el 15 por ciento del principal de las operaciones de financiación y el 100% del coste del aval.

El ministerio también informa en su comunicado de otras medidas fiscales y laborales presentes en el real decreto-ley, como la reducción de las jornadas necesarias para cobrar el subsidio y la renta agrarios, de 35 a cinco.

También figuran la consideración de fuerza mayor a efectos de obligaciones para optar a algunas ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el sector agrario y la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.