Cáceres y Provincia
Unidas-Cáceres demanda que se eliminen bonificaciones fiscales en el IRPF a los caseros
La formación morada presentará una moción al Pleno en la que además pide al Gobierno que desista de la reforma de la Ley del Suelo.
El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres presentará una moción al Pleno de este jueves, 17 de septiembre, en la que insta al Gobierno central a eliminar la propuesta relativa a las bonificaciones fiscales en el IRPF a propietarios de vivienda en régimen de alquiler y a desistir de la reforma de la Ley del Suelo.
En concreto, según argumenta el texto de la moción, "la escalada descontrolada de los precios de la vivienda, la proliferación desmedida de los alojamientos turísticos y la inacción política están llevando a los vecinos y vecinas de Cáceres a una expulsión progresiva del acceso al derecho constitucional a una vivienda digna".
Y es que el tratamiento de la vivienda como un mero bien de especulación financiera e inmobiliaria en nuestro país, se indica en la moción, "es una realidad que golpea con especial dureza a ciudades de tamaño medio e histórico como Cáceres, y a la población local -juventud precaria, familias monomarentales y personas jubiladas-", apostilla.
"Los datos más recientes del mercado inmobiliario reflejan una emergencia habitacional sin precedentes en nuestro municipio", ha asegurado el concejal de la formación morada Álvaro Jaén.
De hecho, ha recordaro que, según los registros publicados en portales especializados, en mayo de 2026 el precio de compraventa en Cáceres se situó en los 1.598 euros el metros cuadrado, lo que representa una subida interanual acumulada del 12,6%.
"La situación en el mercado del alquiler es todavía más asfixiante", ya que el precio medio alcanzó en primavera de 2026 su máximo histórico rozando los 8,4 euros el metro cuadrado al mes, acumulando un encarecimiento anual superior al 7,1%.
"Este incremento hace prácticamente imposible el acceso a un arrendamiento digno si se tienen en cuenta las rentas medias y la precariedad laboral de la provincia", argumenta la formación que añade que, a "esta espiral especulativa" se suma la creciente presión turística sobre el parque residencial.
Además, según los datos oficiales del INE, Cáceres cuenta ya con cerca de 400 viviendas de uso turístico (VUT) registradas, que ofertan más de 1.620 plazas disponibles y que detraen inmuebles directamente del mercado del alquiler residencial de larga duración.
"Nuestra ciudad lidera con diferencia el mercado de los apartamentos vacacionales en la región", critica Jaén, que recuerda que el fenómeno se concentra de forma masiva en la parte antigua y zonas adyacentes al casco histórico, provocando una progresiva gentrificación, la pérdida de tejido vecinal y una competencia desleal frente a las necesidades de habitabilidad de las familias cacereñas.
Unidas Podemos cree que, frente a esta crisis, las últimas propuestas del Gobierno de España caminan en la dirección opuesta a la protección de las mayorías sociales.
Por un lado, a través del borrador del nuevo decreto-ley de vivienda, el Ejecutivo central pretende incluir bonificaciones y deducciones fiscales directas en el IRPF para los propietarios de viviendas; y por otro se asiste a un nuevo intento del Gobierno de resucitar la reforma de la Ley estatal del Suelo dentro del propio decreto de vivienda, que despoja de herramientas de control al urbanismo público.
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos propone instar al Gobierno de España a retirar del borrador del próximo decreto-ley de vivienda cualquier tipo de bonificación fiscal, incentivo o exención en el IRPF dirigida a propietarios de inmuebles residenciales en régimen de alquiler, reorientando todo el esfuerzo presupuestario a la ampliación inmediata del parque público de vivienda y al blindaje de las medidas de protección a hogares vulnerables".
Y también "instar al Gobierno de España a desistir definitivamente de la pretendida reforma del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, garantizando que se mantenga el régimen estricto de nulidad y la plena efectividad de la acción pública ciudadana en los tribunales frente a las ilegalidades urbanísticas", concluye la formación.