Ecologistas en Acción reclama reforzar los límites a los centros de datos

Ecologistas en Acción ha reclamado reforzar los límites a los centros de datos y ha criticado la petición de la Junta de Extremadura de retirar la regulación al respecto.

En concreto, la organización ecologista ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal de los centros de datos, ya que, aunque considera positivo que se empiece a ordenar un sector en rápida expansión, entiende que el texto es "insuficiente" para prevenir sus efectos sobre la electricidad, el agua, el territorio y la población.

Las alegaciones parten de un "trabajo consensuado" por Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con organizaciones sociales y numerosas plataformas ciudadanas.

De este modo, no se reclama que desaparezca la regulación, sino que se refuerce con "límites claros, planificación pública y garantías sociales y ambientales".

"Los centros de datos no son instalaciones inmateriales. Su funcionamiento requiere grandes cantidades de electricidad y agua, además de líneas eléctricas de alta capacidad, subestaciones, sistemas de refrigeración, baterías y grandes grupos electrógenos de respaldo", ha señalado Ecologistas en una nota de prensa.

En esta línea, la organización ecologista ha explicado que en España ya se han concedido más de 12 GW de acceso a la red para estos proyectos y, aunque solo llegaran a construirse entre 3,5 y 4 GW, como prevé el propio sector, seguirían representando un consumo eléctrico "enorme y continuado".

En el caso de Extremadura, la organización expone que los proyectos anunciados en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres podrían necesitar conjuntamente entre 3,5 y 4 GW de potencia eléctrica, incluida la refrigeración y los consumos auxiliares y, si funcionaran de manera continuada, consumirían en un año una cantidad de electricidad próxima a toda la generada actualmente en la comunidad autónoma.

Frente a esta situación, la Junta de Extremadura ha presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal, ha criticado Ecologistas en Acción, que añade que esta posición coincide con la de la patronal de los centros de datos, que "amenaza con abandonar inversiones y reclamar indemnizaciones si se mantienen las nuevas condiciones".

"Las alegaciones de la Junta no defienden Extremadura frente a los impactos de estos macroproyectos, sino a las empresas frente a los límites destinados a proteger el territorio. El gobierno autonómico vuelve a presentar los recursos extremeños como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica, sin explicar cómo afectará este despliegue al agua, al suelo, al sistema energético y al bienestar de la población", ha criticado.

REFUERZO DEL PROYECTO ESTATAL

Las organizaciones consideran que el proyecto estatal debe reforzarse en aspectos como reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo, teniendo en cuenta los efectos de todos los centros de datos instalados o proyectados en un mismo territorio.

También en decidir cuántos centros pueden instalarse, dónde y bajo qué condiciones, y exigir que su demanda se cubra con nueva generación 100 por cien renovable, almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles o energía nuclear ni desplazar otras necesidades sociales.

Y es que además de aplicar el principio de precaución, asegurar la transparencia y la participación pública y evaluar previamente los efectos sobre los derechos humanos, el empleo, los servicios públicos y la soberanía digital.

Las alegaciones de Ecologistas en Acción de Extremadura incorporan además la prohibición de dividir artificialmente los proyectos en fases, parcelas, sociedades o expedientes; la evaluación conjunta de los centros y todas sus infraestructuras; y el análisis de accidentes graves y efectos en cascada entre transformadores, baterías, refrigerantes, depósitos de gasóleo y sistemas contra incendios.

La organización ya ha presentado alegaciones en los procedimientos ambientales de Data Riocaya, en Badajoz, y Merlin Edged, en Navalmoral de la Mata.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido también a trámite sendos recursos contra los decretos que declararon ambos centros Proyectos Empresariales de Interés Autonómico.

"Frente a una industria que pide consumir sin responsabilizarse de sus impactos y una Junta que reclama eliminar incluso los límites mínimos, defendemos una regulación más ambiciosa. Extremadura no puede adaptar su territorio y su sistema energético a cualquier proyecto que se presente como inversión estratégica", ha señalado Ecologistas en Acción de Extremadura.

Finalmente, el colectivo ecologista ha insistido en que las inversiones anunciadas y los permisos de acceso ya concedidos no deben convertirse en un "derecho incondicionado a consumir enormes cantidades de electricidad" ni a trasladar a la población el coste de las nuevas redes e instalaciones energéticas necesarias para estos proyectos.