TSJEx admite recurso contra reducción plazo para megacentro datos de Navalmoral de la Mata

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el Decreto 92/2026, de 12 de mayo, por el que la Junta de Extremadura declaró Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) a la iniciativa presentada por la empresa Merlin Edged, SL, para la construcción de un centro de procesamiento de datos en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La calificación como PREMIA, figura recogida en la Ley 5/2022, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa, otorga a la tramitación del proyecto carácter prioritario y urgente, reduciendo a la mitad los plazos ordinarios.

Entre las cuestiones que el expediente no resuelve "de forma satisfactoria" figura la afección a los cauces que atraviesan la parcela, la disponibilidad y el consumo real de agua, el ruido, el calor residual y el riesgo tecnológico asociado al almacenamiento masivo de gasóleo.

La organización ecologista advierte, además, de que el "enorme consumo energético" que llevan asociados los centros de procesamiento de datos "pone en riesgo el esfuerzo colectivo realizado durante los últimos años en la transición energética".

Instalaciones como la proyectada en Navalmoral de la Mata "disparan la demanda eléctrica de forma tan intensa que amenazan con absorber, en beneficio de un uso intensivo y privado, buena parte de la energía renovable generada en la región, en lugar de contribuir a sustituir fuentes fósiles en el conjunto del sistema", argumenta la asociación.

DATOS DEL PROYECTO

La primera fase del proyecto estima una potencia instalada de 288 MW, aunque aspira a ampliarse progresivamente a una potencia total de unos 1.500 MW. Se convierte así en el centro de datos más grande proyectado en España y uno de los más grandes del sur de Europa.

Su consumo, estimado en la primera fase de 1.131 GWh/año, podría elevarse a 5.890 GWh/año, un consumo eléctrico "superior al de toda Extremadura".

Según investigadores del CSIC y la UNIZAR, la alimentación del proyecto en todas sus fases llegaría a requerir la ocupación de entre 14.300 y 29.700 hectáreas de suelos con parques renovables, lo que supondría cubrir entre el 0,3 y el 0,7 % de toda la superficie extremeña con placas solares y, en menor medida, turbinas eólicas, solo para alimentar un centro de datos.

ILEGALIDAD

El abogado de Ecologistas en Acción en este procedimiento, Jaime Doreste, ha señalado que la admisión a trámite es el pistoletazo de salida de un procedimiento en el que demostrarán "la ilegalidad de la designación de este proyecto como PREMIA".

En este sentido, asegura que "la Junta ha utilizado una figura pensada para agilizar trámites ordinarios para blindar, frente a un control ambiental riguroso, un proyecto cuya envergadura e impacto exigen justamente lo contrario".

Pep Hurtado, también letrado interviniente en el recurso, ha añadido que "el papel de la Junta de Extremadura no puede ser el de extender la alfombra roja a proyectos depredadores de recursos, poniendo la maquinaria administrativa a su servicio y recortando los plazos de control que existen precisamente para proteger el territorio, el agua y la energía de toda la ciudadanía".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Julio Cesar Pintos, sostiene por su parte que este recurso es "una muestra más de que la ciudadanía extremeña no está dispuesta a que su territorio, su agua y su energía se conviertan en materia prima barata para negocios ajenos a sus intereses: no vamos a permitir que se sacrifique el medio ambiente en nombre de un modelo de desarrollo que solo beneficia a unos pocos".