Unidas acusa a la Junta de 'incumplir la ley' con proyecto de la mina de litio en Cáceres

Rd./Ep.

Unidas por Extremadura ha mostrado este miércoles "las alarmas” que le ha generado el requerimiento de información que el gobierno del PP ha solicitado a la empresa promotora de la mina de litio de Cáceres.

Así pues, la portavoz de la formación morada, Irene de Miguel, ha asegurado, en una pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mercedes Morán, que el Ejecutivo regional “ha tramitado un permiso de explotación directa sin garantías de la solvencia económica necesaria para llevarla a cabo”, algo que “no solo es una tremenda irresponsabilidad, sino que está recogido en la propia Ley de Minas, a pesar de encontrarse obsoleta”.

Por ese motivo, De Miguel ha insistido en que están gestionando el expediente de la mina de manera “negligente” y ha acusado al gobierno del PP “de sortear la ley, una y otra vez, constantemente”.

De hecho, ha denunciado que en ese requerimiento de información se le da a la empresa promotora un plazo de 6 meses para aportar toda la documentación, “cuando según el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo el plazo de subsanaciones es de 10 días”.

“Curioso el doble rasero que se tiene con empresas que en demasiadas ocasiones han demostrado su falta de seriedad y solvencia”, ha añadido De Miguel, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

A su vez, la portavoz de la formación ha apremiado al gobierno del PP a que “reconozca el coladero que supone la denominación PREMIA a proyectos a los que ustedes no exigen casi ninguna garantía, pero que se ven beneficiados con una tramitación administrativa express y subvenciones directas al empleo”.

“Hoy sabemos que este proyecto debería haber presentado mucha más documentación que es vital para poder evaluar convenientemente una actividad que conlleva tanto conflicto social por las implicaciones ambientales, socioeconómicas y de salud que su puesta en marcha supone”, ha apostillado.

Igualmente, De Miguel ha pedido, una vez más, “luz y taquígrafos” en relación al proyecto de la mina de Cáceres y ha asegurado que “cuando la situación se ha hecho insostenible por el fuerte rechazo que ha levantado el proyecto en la sociedad cacereña es cuando piden documentación sensible”.

“Han tenido que salir 8.000 personas a la calle para que ustedes empiecen a tomarse en serio hacer las cosas bien, de una vez por todas, y dejar de ponerle alfombra roja a esta empresa extractiva y especuladora con nuestros recursos”, ha sentenciado.

LA CONSEJERA RESPONDE

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mercedes Morán, ha reiterado que la Junta de Extremadura "va a velar totalmente por la legalidad" del proyecto de mina de litio en Cáceres y de "cualquier otro proyecto", y así lo está "demostrando".

En ese sentido, Morán ha explicado que se ha hecho un requerimiento a la empresa promotora de la mina de litio porque "así lo han determinado los técnicos que están evaluando el proyecto", debido a que "se necesitaba más información, más documentación para valorar y seguir tramitando ese proyecto", y así se ha trasladado a la empresa.

En su respuesta, la titular extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha lamentado que la política de Unidas por Extremadura sea "estar contra total, y contra el desarrollo", tras lo que ha aseverado que en el caso de este proyecto, "no se trata de estar ni a favor ni en contra", sino de "estar con la ley y con la seguridad jurídica. Y eso es lo que estamos haciendo desde este Gobierno".

Morán ha explicado que el personal técnico que está estudiando este proyecto ha determinado que se necesitaba más documentación "dentro de un procedimiento administrativo normal", y con el objetivo de "garantizar la salud pública, el cuidado del medio ambiente, la solvencia económica del proyecto y de la empresa", que es "lo normal, dentro de la ley".

A este respecto, ha apuntado que "el requerimiento se ha hecho para mejorar el proyecto de explotación, para el proyecto de la planta de beneficio, para el estudio ambiental, para las infraestructuras de gas y de luz", así como para que "esa solvencia económica quede bien acreditada, y para el plan de financiación del propio proyecto", ha resaltado.

Finalmente, la consejera extremeña ha concluido reafirmado el objetivo del Gobierno regional de "procurar que vengan proyectos a asentarse en Extremadura", pero que sean "proyectos que cumplan con toda la legalidad", ya que "esto ya no va de que a la Junta le guste o no le guste un proyecto, y mucho menos que le guste o no le guste a Unidas por Extremadura", sino que "esto va de ofrecer seguridad jurídica a las empresas y garantías a los ciudadanos", ha concluido.