Familias que ocuparon bloque de pisos de la Guardia Civil reclaman a la Junta una solución

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Las familias que ocuparon un bloque de los antiguos pisos de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra en Badajoz en el año 2017, unas nueve que aglutinan a unas 30 personas, de ellos la mitad menores, han reclamado a la Junta de Extremadura una solución habitacional tras casi nueve años.

En declaraciones a los medios, Rocío Mejías Martínez ha explicado que vive en estas casas desde hace cerca de nueve años, en su caso con una menor de cuatro años, y que se instaló "por necesidad principalmente" y porque no pueden conseguir una vivienda de alquiler, dado que les ponen "muchos impedimentos".

Tampoco tienen trabajo fijo ni nóminas para poder presentarlas, y se vieron "en la necesidad de poder ocuparlas", aunque sobre las condiciones de las mismas ha detallado que no tienen agua potable y que en su caso sigue calentando ollas para poder bañarse tanto ella como su hija.

Sí tienen luz "desde el principio" dado que se dieron de alta y la contrataron. Sin embargo, el agua se la denegaron, "incluso cerraron la llave de paso, la diferencial que viene de la calle", aunque en la pandemia les pusieron un grifo, en el portal, porque no podían salir por el confinamiento.

Mejías ha explicado asimismo que se han manifestado varias veces e incluso han ido a Mérida, porque no quieren ocupar ilegalmente y "lo único" que piden es tener derechos y poder "aunque sea" contar con un alquiler social que no se niegan a pagar.

"No queremos vivir de gratis, pero queremos que nos den lo mínimo, un agua potable, la vivienda ya que llevamos aquí tantos años. Nosotros cuando lo ocupamos no era de la Junta de Extremadura, era del Gobierno", ha recalcado, junto con que estaban deshabitadas hace más de 13 o 14 años, y no vivía nadie.

"Nunca hemos ocupado un piso que sea de cualquier familia", ha puntualizado asimismo, para defender que ellos han sido los que han rehabilitado las viviendas y que gracias a ellos la Junta ha podido comprar estos pisos que, en caso contrario, seguirían cerrados.

El Ejecutivo autonómico ha rehabilitado asimismo dos edificios cercanos, pero no les dieron la posibilidad de instalarse y han sido destinados a Cáritas y en los mismos viven una familia o personas que se van renovando cada seis meses. "A nosotros nada, no nos han dicho nunca nada, ni posibilidad de decir iros a otro bloque o arreglamos este, nada".

De igual modo, ha hecho hincapié en que piden que se lleve a cabo una actuación similar con el bloque que ocupan y que les den una solución. "Si no nos dan este, que nos instalen en otro que ellos vean conveniente", ha abundado, aunque en su caso si no se lo quieren arreglar por dentro, "con que pusieran el agua potable" y se lo dieran a su nombre con una cuota mensual se "conformaba" porque llevan nueve años en el mismo, "una vida entera".

No obstante y sobre las condiciones del propio edificio, ha reconocido que está "bastante mal", con problemas tales como el ascensor que lleva "muchísimos años cerrado" como en el caso de las cocheras, además de haber "muchos bichos" o "ratas como gatos de grandes" y, al no funcionar las tuberías ni "nada", el agua sale marrón y sucia y tienen que dejar que corra para usarla para bañarse y fregar, "poco más" porque no se puede beber y tienen que comprarla.

Algunos vecinos, ha agregado, han puesto una bomba con un bidón de agua, como ejemplo de cómo se han ido "buscando un poquito la vida" y antes de contar con el citado grifo la cogían del parque con botellas.

EL TESTIMONIO DE ELENA

Por su parte, Elena Domínguez Seco lleva también nueve años tras un desahucio en 2017, momento en el que se vio en la calle con sus hijas, entonces menores y hoy adolescentes, y no le quedó "más remedio que ocupar esta vivienda".

Asimismo, reconoce que se vive "fatal". "Para empezar te sientes menos que nadie, ya sí porque ya van pasando los años y uno va como acostumbrándose, pero al principio no tienes ganas ni de buscar trabajo, como persona te desmoralizas mucho, porque no es de buen gusto que un día vengan a echarte con tus cosas otra vez a la calle", señala.

Domínguez Seco ha agregado que van buscando trabajo "en lo que se puede para poder tirar para adelante", pero no tienen uno estable ni pueden pagar un alquiler de 600 u 800 euros, al mismo tiempo que ha asegurado que no tienen problemas de convivencia en la barriada y ha indicado que la Junta de Extremadura no le deja optar a viviendas y, al echar las solicitudes, las rechazan al regirse por que son ocupas y "la ocupación ahora mismo es ilegal".

"Yo soy madre soltera con mis hijas y no tengo recursos de su padre ni de nadie, y a mí ellos nunca me han dado solución ninguna. Me he visto dos veces en la calle por no poder pagar una vivienda, porque tenía que optar o comer o pagar. Es así", admite.

APOYO DE ASOCIACIONES

Los vecinos cuentan con el apoyo de las asociaciones 25 de marzo y Campamento Dignidad, y en nombre de esta última Francisco González ha explicado que lo han hecho "desde el principio" y que la Junta "simplemente los rechaza" porque dice que es de su titularidad, pero que cuando entraron era del Ministerio del Interior.

También ha expuesto que "llevan muchos años peleando", que se han reunido con Vivienda en Mérida "un montón de veces" y no les quieren dar soluciones "porque no tienen interés".

Sobre las viviendas, ha agregado que cuando entraron "estaban muy mal", pero que ahora es "un hogar", y gracias a estas familias "funcionan" y "se han vuelto a recuperar" las casas cercanas, a la vez que ha precisado que lo que piden es una vivienda.

"El artículo 47 de la Constitución lo dice muy claro, una vivienda digna y un trabajo digno, y aquí en Extremadura por lo que se ve, eso lo rechazan totalmente porque somos personas humildes y simplemente peleamos por una vivienda que es un derecho universal", ha dicho.

Desde la Junta, ha apuntado, han acudido a "amenazar" a estas familias diciéndoles que en agosto seguirán y ya verán si después van "a la calle", algo que ha rechazado porque "primero tiene que haber una denuncia" y "no puede venir" un responsable de la Junta "a amenazar a estas familias, habiendo menores".

Y, ha criticado que "no tienen problemas en el barrio, son del barrio, se conocen, son familia, lo que no es familia es la Junta de Extremadura que es la que quiere echar a estas familias de estos pisos".