UGT critica la 'precariedad' laboral y el 'abuso de poder' en la dirección del CPEI

UGT SP Extremadura ha criticado la precariedad laboral y el abuso de poder en la dirección del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, cuya situación actual tacha de "insostenible y alarmante".

En este sentido, el sindicato ha recalcado que la situación del CPEI "ha alcanzado un punto crítico que no puede seguir ignorándose", a continuación de lo cual ha presentado una serie de hechos "claros y contundentes", que "evidencian la gravedad" de la misma, el primero de ellos en torno a una estructura de mando "precaria".

Así pues, según UGT, actualmente el 90 por ciento de los mandos del CPEI se encuentran en comisiones de servicio, muchas de ellas caducadas.

Antes de la entrada de la actual gerencia, ha detallado, el número de comisiones de servicio no llegaba a 20, pasando a más de 60 en poco tiempo, a la par que se ha referido a una gestión "desorganizada y completamente insostenible" y a que esta proliferación de comisiones "ha generado una inestabilidad estructural que afecta la operatividad del servicio".

En segundo lugar, ha criticado una "precariedad laboral intolerable", sobre lo cual ha explicado que los trabajadores contratados bajo asignación temporal de funciones están "atrapados en la precariedad laboral".

"No pueden optar a una plaza fija porque estas plazas están ocupadas por mandos en comisión de servicio caducadas", ha dicho, junto con que esta situación "bloquea cualquier posibilidad de avance en la oferta de empleo público, perpetuando la inseguridad y desmotivación entre el personal".

RECURSOS HUMANOS EN "CRISIS"

Otro aspecto detallado por UGT pasa por los recursos humanos en "crisis" y por que están operando "bajo mínimo" en la mayoría de los parques, "poniendo en riesgo constante" la seguridad del bombero.

Del mismo modo, esta escasez se ve "agravada" por la imposición de normas "arbitrarias y sin criterios objetivos, que parecen responder más a caprichos personales que a una planificación lógica". "Este ambiente laboral genera un nivel de estrés y frustración que pone en riesgo tanto la salud mental de los trabajadores como la seguridad del servicio de bombero", agrega.

La falta de transparencia y comunicación es otro de los puntos, ante el que las mismas fuentes apuntan que existe "un bloqueo sistemático" de información desde el CPEI hacia los sindicatos y los trabajadores, y que la información que se proporciona es "confusa y engañosa", lo cual "no solo desinforma, sino que también crea un clima de desconfianza y descontento".

En cuarto lugar, han señalado que "esta falta de transparencia es una táctica deliberada" para mantener el control y evitar que se cuestionen las decisiones de la dirección, y en quinto el "estancamiento salarial" y que desde 2018 no se ha realizado ninguna revisión del complemento específico.

Mientras, los "escasos" incrementos salariales "se han conseguido a costa de realizar más guardias de refuerzo, llevando el salario mensual a unas cifras que no refleja el riesgo y la responsabilidad, peligrosidad y la exposición inherentes a nuestro trabajo", han expuesto.

AMENAZAS Y COERCIÓN

Por otro lado, han hecho hincapié en las "amenazas y coerción sistemáticas" y en que la dirección del CPEI "recurre constantemente a amenazas para controlar y silenciar al personal", y han puntualizado que frases como "si hacéis esto, os cambio el horario" o "si os manifestáis, no cubro las vacantes", entre otras "muchas", son utilizadas para "intimidar".

Además, han sumado la "amenaza" de apertura expedientes por motivos "triviales", con lo que se crea "un ambiente de miedo y sumisión", y que "esta militarización del servicio y el abuso de poder" son "inaceptables y deben cesar inmediatamente".

Para UGT, estos hechos muestran una realidad "innegable": "estamos siendo víctimas de una gestión abusiva y autoritaria que está llevando al CPEI al borde del colapso", ante lo que ve "imprescindible" que la dirección "rectifique su rumbo de manera inmediata" y exige "justicia, transparencia y un cambio profundo en la gestión del servicio".

"No podemos permitir que esta situación continúe. Ha llegado el momento de actuar y exigir los derechos y el respeto que merecemos", ha concluido.