PSOE de Badajoz reclama información sobre la Zona de Bajas Emisiones

El PSOE ha considerado que la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones el 1 de enero "ha podido pillar sin los deberes hechos" al consistorio de la capital pacense, y que al menos en el grupo no tienen ninguna información al respecto, que reclaman.

En este sentido, los socialistas saben "perfectamente" que Badajoz "no será una excepción y que no se llegará a tiempo", aunque muchas ciudades han venido trazando un borrador previo, al hilo de lo cual ven que "es el momento de relacionar las exigencias a cumplir", que "no hay justificación para más retrasos y con el real decreto publicado se cuenta con unas certezas para redactar la ordenanza".

Para el Grupo Socialista, "queda mucha tarea por delante", entre otras cosas porque la creación plataforma única ha mantenido el mismo tráfico en todas las vías, salvo en tres en 14 años.

De este modo y sobre lo que ha denominado 'Badajoz Central', ha apostado por el hecho de que se establezca en el centro de la ciudad y ha reconocido su "complejidad", aunque "nada debe detener su implantación, ni ser una excusa la falta de tiempo".

Ha explicado que "nuestro 'Badajoz Central' no es sencillo sacarlo adelante sin una oferta de aparcamientos disuasorios, ni ayuda 'zonificar' en víspera de elecciones, pero hay que trabajarlo de inmediato", junto con que en el PSOE ya cuentan con que la implantación necesite moratorias y periodos informativos, y temen que el equipo de gobierno "haga caso omiso" al requerimiento del Estado y busquen dilatar el proceso "de manera absurda e irresponsable".

En este sentido, los socialistas "al menos" esperan "una voluntad" de restricción al tráfico en obras pendientes de ejecutar o terminar en los próximos meses, instalar más cámaras y agilizar "al máximo" los aparcamientos anunciados.

ÁREAS DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO

Por otro lado, han detallado que Badajoz está en la lista de municipios de más de 50.000 habitantes que están obligados a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes a partir del 1 de enero de 2023, según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en mayo de 2021 y cuyas líneas principales se conocían desde hace cuatro.

El Consejo de Ministros, han recordado desde el PSOE, aprobó el martes pasado el real decreto que regula los requisitos mínimos que deben cumplirse, aportando así seguridad jurídica a municipios, particulares y empresas mediante una transición "homogénea" en todo el territorio nacional.

Y, ha concluido que, "precisamente esa tardanza en la aprobación del real decreto, en el que debían basarse las ordenanzas de los ayuntamientos, era el argumento que esgrimió la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir hasta 2024 la entrada en vigor, pero su petición ha caído en saco roto".