Badajoz y Provincia

Promedio identifica 180 vertidos no controlados a redes de saneamiento en 56 municipios

Defiende la necesidad de establecer 'mecanismos de control y sanción' a industrias por vertidos a redes de saneamiento municipales por encima parámetros

El Consorcio de gestión medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha identificado durante este año 2018 un total de 180 casos de vertidos industriales no controlados a las redes de saneamiento en 56 localidades de la provincia, en relación a los cuales expertos en la materia han abogado por su control.

Los expertos participantes en la sexta edición del 'Encuentro de gestión de aguas residuales de bajo coste para pequeñas poblaciones' celebrada en Badajoz han defendido la necesidad de establecer "mecanismos de control y sanción" a industrias por vertidos a redes de saneamiento municipales por encima de los parámetros permitidos.

El diputado delegado de Promedio, Manuel Antonio Díaz González, ha participado este pasado jueves en el edificio Siglo XXI en la capital pacense en la apertura del encuentro junto al director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz Barco; y el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ángel Nieva Pérez.

Según ha explicado Díaz, la temática elegida para esta sesión "no es casual" y responde a un problema que "ocupa y preocupa" a los alcaldes de todos los municipios y a los diferentes técnicos que trabajan en los servicios de tratamiento de aguas residuales.

Los vertidos industriales no controlados a las redes de saneamiento municipales "paralizan o dificultan el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales" y dan lugar a que ese agua que se devuelve al medio natural incumpla los parámetros de vertido establecidos en la normativa, con la consiguiente sanción económica al ayuntamiento por el daño causado al medio natural.

En este sentido, ha explicado las infracciones por vertido están recogidas y tipificadas en la Ley de Aguas y pueden conllevar multas para el infractor de hasta 1.000.000 de euros "e incluso se puede llegar a la imputación de responsabilidades penales a los representantes municipales".