En esta serie de artículos donde últimamente estamos defendiendo la necesidad de combatir en la batalla cultural de la Memoria, hoy nos toca hablar de las motivaciones que impulsan a la derecha a poner en marcha iniciativas que contribuyen al deterioro de nuestra convivencia. Ahora que, con el paso del tiempo, habíamos conseguido paliar, eso sí, reconozco que muy lentamente, el inmenso dolor de miles de víctimas de la represión franquista.
Lo primero que hay que objetivar es que estamos ante un compromiso electoral del PP que ya plasmaba sus intenciones de derogar la normativa actual. Pero resulta muy curioso que, de momento, sólo lo hayan llevado a cabo en aquellas Comunidades que gobiernan en coalición con la extrema derecha. Entiendo que, más adelante, ya veremos en función de lo que suceda en la coyuntura política interna.
Este blanqueamiento del franquismo se produce desde que deciden equiparar la Dictadura con la Democracia que, ningún historiador serio, duda en identificar con el régimen de la Segunda República y sus consiguientes intercambios de diferentes partidos en los sucesivos gobiernos.
A ello le añadimos lo que les cuesta a las derechas definir el franquismo como una etapa política deleznable. En eso se mimetizan, tanto el PP, como VOX.
Si abundamos en los textos presentados resulta alarmante que hayan decidido en algunos sitios eliminar los actos de homenaje a los asesinados en los campos de concentración nazis. Este negacionismo no solo contradice leyes nacionales vigentes, como la Ley de Memoria Democrática, sino que atenta contra los más elementales Derechos Humanos.
Es la protección a las víctimas, su reconocimiento e incluso ( lo iremos viendo) la dejadez a la hora de poner recursos públicos para buscar información o rescatar sus restos, lo que aumenta la alarma.
Sería curioso que viajaran por Europa, por ejemplo a Alemania o a Francia y pregunten y vean, cuál es el tratamiento que en estos lugares se realizan a las víctimas del nazismo.
Sería curioso que viajaran a los mismos lugares y vieran el tratamiento que se da a estos temas en los sistemas educativos.
Sería curioso que siguieran viajando por allí y comprobaran lo que se hace con los lugares denominados de Memoria.
Por todas estas razones, estaremos expectantes y apoyaremos iniciativas de denuncia de estas supuestas leyes de concordia, como las de Aragón, Valencia o Castilla y León, ante el Tribunal Constitucional, y si cabe, ante Tribunales internacionales. Estaremos a la espera de que en Extremadura se lo replanteen. Argumentos hay muchos.
A ver si hay suerte y en este asunto tampoco tiene valor la palabra de María Guardiola.
