Los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) han presentado un total de 1.562 recursos judiciales que, hasta el momento, han dado lugar a 159 resoluciones.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por el Área Jurídica de la asociación Profesionales por la Ética, presentado este mismo miércoles en Madrid, en el que aparece, por comunidades autónomas, Navarra como la región que mayor número de recursos acumula (362), seguida de Castilla La Mancha (334), Castilla y León (251), Andalucía (180) y la Comunidad Valenciana (178).

A mucha distancia, se sitúan Cantabria con 54 recursos judiciales, Asturias (40), Aragón (36) Galicia (35), Murcia (16), Canarias (15), Cataluña (13), Baleares (11) y Extremadura (4). Por el contrario, las comunidades que no han presentado ningún recurso son Madrid y País Vasco.

De esta forma, según ha explicado el coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, "la intransigencia de las Administraciones educativas ha obligado a los padres a acudir a los juzgados", añadiendo que "iniciar un proceso judicial es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos".

Y es que hasta el momento, los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 autos de medidas cautelares -resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia- en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por otro lado, según Bazán, se han emitido 3 sentencias en Teruel  y Navarra denegatorias del  derecho a la objeción a EpC. "Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas", sentenció.

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