02 octubre 2020 | Publicado : 12:10 (02/10/2020) | Actualizado: 12:24 (02/10/2020)
Rd./Ep.
Las denuncias por violencia de género en los tribunales extremeños han bajado un 17,7 por ciento en el segundo trimestre de este año.
En concreto, este decrecimiento se ha producido pese a que la actividad judicial relacionada con la violencia machista no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales.
Así pues, el número de mujeres víctimas ha descendido un 19,4 por ciento, al contabilizarse 506; de ellas, el 11,1 por ciento se ha acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar.
De igual modo, las sentencias condenatorias rozan casi el cien por cien con un 96,6 por ciento del total en la región, según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Concretamente, el segundo trimestre de 2020, el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19, muestra una "importante" disminución interanual en la mayor parte de los indicadores que miden la actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la violencia de género en Extremadura.
Con ello, las denuncias (520) se han reducido un 17,7 por ciento; el número de mujeres víctimas (506) ha descendido un 19,4 por ciento; órdenes de protección adoptadas (118) ha bajado un 37,2 por ciento; y el total de sentencias dictadas (89) han sido un 24,6 por ciento menos.
Este decremento ha tenido lugar a pesar de que la declaración del estado de alarma y, con ella, la suspensión de los plazos procesales, no afectó "a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores", que fueron declaradas actividades esenciales, tal y como consta en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
A su vez, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dado a conocer este viernes, sí se ha mantenido en los meses de abril, mayo y junio un elevado porcentaje de sentencias condenatorias, que han alcanzado el 96,6 por ciento del total de las dictadas por los órganos judiciales -juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de los penal y audiencias provinciales- en el ámbito de la violencia machista.
MUJERES VÍCTIMAS
Así, el número de mujeres víctimas de la violencia machista registrado en el segundo trimestre del año ha sido de 506 víctimas de violencia de género, lo que supone un 19,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.
De estas víctimas las de nacionalidad española han sido 454, con una disminución del 20,1 por ciento y de nacionalidad extranjera han sido 52, con un descenso del 13,3 por ciento.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, en el conjunto de España ha sido del 13,8. Por encima de la media nacional se han situado Baleares (con 23), Canarias (19,6), Murcia (18,3), Comunidad Valenciana (17,6), Andalucía (15) y Madrid (14,1).
La tasa más baja se ha dado en Castilla y León (con 8,1 mujeres víctimas cada 10.000), seguida de Extremadura (9,4), Galicia (10,6) y Aragón (10,8).
La tasa más baja se ha registrado en Castilla y León (con un 8,1 por ciento), seguida de Extremadura (9,4 por ciento), Aragón (10,8 por ciento) y País Vasco (10,9 por ciento).
Por otra parte, las mujeres víctimas de la violencia machista que se han acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar han sido 32, un 11,1 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019. El hecho de que una víctima de violencia de género se acoja a la dispensa a la obligación legal de declarar no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial, pues ante este tipo de delitos la Fiscalía actúa siempre de oficio, añade el TSJEx.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
También las órdenes de protección han experimentado un "importante" descenso durante el trimestre analizado. El número total de solicitadas fue de 153, un 36,3 por ciento menos que hace un año. Del total de solicitudes de orden de protección recibidas, se han adoptado 118, un descenso del 37,2 y se han denegado 34, lo que supone una disminución del 34,6 por ciento.
El 96,6 por ciento de las sentencias dictadas han terminado en condena al maltratador.
Si bien en el trimestre analizado los órganos judiciales han dictado un 24,6 por ciento menos sentencias que hace un año, el porcentaje con respecto a las resoluciones condenatorias del año pasado se ha incrementado, siendo en el segundo trimestre de 2019 del 92,7 por ciento.
De las 89 sentencias dictadas 86 han sido condenatorias y tres absolutorias. En el mismo periodo del año anterior 114 habían sido condenatorias y nueve absolutorias.
DATOS NACIONALES
A su vez, a nivel nacional, las denuncias por violencia de género han disminuido un 14,6% en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la crisis del Covid-19, con respecto al mismo periodo de 2019, y el número de mujeres víctimas ha descendido un 13,9% hasta 33.338, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que achaca este descenso a las "dificultades añadidas" de las víctimas para denunciar durante el confinamiento al estar "encerradas" con sus maltratadores.
Por primera vez, el informe contabiliza el número de menores, hijos e hijas de las mujeres víctimas, que sufren violencia de género: 312 en el segundo trimestre de 2020.
Además, de los datos se desprende que los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia han recibido 10.124 solicitudes de protección, un 14,8 por ciento menos que hace un año.
Por su parte, las sentencias condenatorias han marcado un máximo histórico al representar el 77,25 por ciento del total, aunque el número de resoluciones dictadas ha descendido en un 59,67 por ciento.
"Los datos confirman ahora la dramática situación vivida por estas mujeres, que se vieron obligadas a vivir el estado de alarma encerradas en casa con su maltratador, un hecho que para ellas supuso un escollo añadido para pedir ayuda y denunciar los hechos ante el juez o ante la policía", ha explicado la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona.
