11 junio 2020
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, PP y Cs, y la abstención de Unidas por Extremadura, una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno a flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit generado en el año 2019.
El objetivo es que las entidades locales destinen estos fondos a implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, siempre que no supongan gastos estructurales.
La propuesta, presentada por el PP aunque se fundamenta en las reclamaciones en este sentido ya planteadas por la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), también recoge que el superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan Económico-Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).
En su segundo punto, insta a autorizar a los ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes como empleo, educación, etc., para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o complementarias de otras autonómicas y/o estatales.
En tercer lugar, a prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del Estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020.
El cuarto, a implantar medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, entre ellas la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables.
También que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social.
El diputado del Grupo Popular Saturnino López Marroyo, en defensa de la iniciativa, ha criticado los esfuerzos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por buscar "fórmulas para expropiar el superávit de los ayuntamiento", proponiendo una "caja única para poder meter la mano en la hucha" de las entidades locales, que en 2019 generaron un superávit de 3.839 millones de euros.
Una cantidad lograda gracias a la gestión de unas administraciones que además, como la "más cercana" al ciudadano, es la que mejor puede gestionar este superávit.
Además, ha reconocido que los entes locales han sido los primeros en implementar medidas para paliar los efectos de la pandemia, "sin ayudas de Vara ni de Sánchez", y yendo también por delante tras el estado de alarma con medidas de flexibilización para la hostelería y el comercio. "Las entidades locales no pueden ser tabla de salvación de Sánchez", ha subrayado.
ENMIENDA A LAS POLÍTICAS DEL PP
Por su parte, el diputado socialista Jorge Amado, quien ha destacado el trabajo de alcaldes y concejales durante la pandemia, ha apoyado la propuesta porque, según ha dicho, no es del PP, sino que es un "cortapega" de la Femp, y porque además supone una "enmienda a la totalidad" a las políticas municipales de los 'populares'
Así, se ha preguntado si el objetivo de la misma no es "lavar la conciencia" del PP, como creadores de la "repudiada" Ley Montoro.
Ante ello, López Marroyo ha replicado que el principal impulsor de la Ley Montoro fue el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y en este sentido ha recordado que durante su mandato los ayuntamientos, en lugar de generar superávit, acumulaban deudas por valor de 29.500 millones de euros.
A favor de la propuesta ha votado también el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cuyo presidente, Cayetano Polo, se ha mostrado a favor de cuantas medidas ayuden a los ayuntamientos a hacer frente a gastos que se les sobrevienen.
Asimismo, ha señalado que ya prestan servicios que requieren mayor financiación por parte del Estado, y asimismo ha remarcado que ya abogaba antes de la crisis sanitaria por flexibilizar la regla de gasto.
Por el contrario, Unidas por Extremadura se ha abstenido. Así, el diputado Álvaro Jaén ha señalado en lugar de solicitar la flexibilización de las reglas de gasto hay que propiciar su derogación, y ha acusado a 'populares' y socialistas de propiciar esta situación con la reforma del artículo 135 de la Constitución, de la cual emana la Ley Montoro.
"Lo que tienen que hacer es pedir perdón porque sus política han generado peores servicios", al tiempo que ha añadido que son "cómplices" de que ahora los ayuntamientos "no puedan poner a disposición de la gente" sus fondos
