30 marzo 2020 | Publicado : 14:13 (30/03/2020) | Actualizado: 18:10 (30/03/2020)
La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha considerado "inasumibles" para dicho sector las nuevas medidas adoptadas "unilateralmente" por el Gobierno "sin acudir al diálogo social".
A través de una nota de prensa, Pymecon ha indicado que el decreto aprobado el pasado 14 de marzo no incluyó a las empresas del sector de construcción y afines en la lista de actividades de obligado cierre, pese a las "reiteradas peticiones realizadas" desde la organización en esa línea con el propósito de "acabar cuanto antes" con los contagios, algo que finalmente ha impedido además que estas empresas pudieran acogerse a ERTEs considerados de fuerza mayor.
Asimismo, y sobre la decisión adoptada por el Consejo de Ministros celebrado el viernes, "prohibiendo expresamente" considerar justificado el despido objetivo derivado de la crisis económica y sanitaria provocada por causa del coronavirus, así como la prórroga automática de los contratos temporales, y la mas reciente, aprobada el sábado, de imponer un permiso retribuido y recuperable e impedir toda actividad laboral no esencial "suponen una vuelta de tuerca y un torpedo en la línea de flotación de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".
"Estas medidas adoptadas de forma unilateral y sin apelar al diálogo social y en fin de semana convierten a los empresarios en general y a los de la construcción y afines en particular en los mayores perjudicados de esta crisis, obligándoles a hacerse cargo de todo los costes salariales que se generen", ha asegurado Pymecon.
A su vez, este hecho es considerado por Pymecon como "absolutamente inasumible" y ha considerado que conllevará a la desaparición de un "gran número" de empresas que se van a ver "abocadas al cierre, al no poder soportar estas cargas, y por consiguiente no va a conseguirse el pretendido efecto de salvar los empleos, ya que sin empresas no hay trabajo".
En esta línea, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura ha solicitado una moratoria de al menos 24-48 horas para poder gestionar este nuevo escenario, ya que muchas empresas tienen que gestionar cuestiones pendientes.
Asimismo, Pymecon ha pedido la reactivación de los despidos por causas objetivas, "siempre y cuando puedan ser debidamente justificadas y acreditadas en todos sus términos".
"En este contexto auguramos un efecto inmediato en forma de impagos, y adicionalmente un incremento de quiebras y concursos de acreedores que llevarán al desempleo a miles de trabajadores a pesar de las imposiciones del Gobierno. Pedimos pues reflexión y altura de miras a nuestros gobernantes y exigimos la revisión de las medidas adoptadas", ha asegurado.
En esta línea, ha considerado que en estos momentos "todo el mundo debe arrimar el hombro", empezando, ha apuntado, "por los propios políticos", a los que ha instado a rebajarse sus salarios en la misma proporción que los trabajadores en situación de ERTE, es decir un 30 por ciento, para evitar "que todo el peso de la crisis recaiga en los de siempre, es decir autónomos y empresas".
Asimismo, ha pedido Pymecon a todas las administraciones públicas que abonen de inmediato la totalidad de las facturas que a día de hoy tienen pendientes con empresas a fin de inyectar esa liquidez al sistema y eviten la "asfixia de muchas de ellas que ahora mas que nunca necesitan de esa ayuda".
También ha exigido la puesta en marcha de acciones tendentes a ayudar a las empresas, mas allá de los aplazamientos de impuestos y cargas sociales, en forma de condonaciones de pagos de cuotas a los autónomos e impuestos, así como otras medidas "de calado" para poder contribuir a salvar empresas y por consiguiente empleos.
Por último, y en relación a los fondos ICO puestos en marcha para la financiación de empresas, ha solicitado que se instruya a las entidades financieras a fin de puedan llegar a todas las empresas que "verdaderamente los necesiten y no solo a aquellas que estimen los propios bancos, flexibilizando las garantías a aportar", ha sentenciado.
