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Existen "graves irregularidades"

Casi el 55% de los gastos de GPEx en 2010 corresponde a servicios, dietas y viajes "sin justificar", según la auditoría encargada por el Gobierno extremeño

El consejero de Administración Pública propondrá este próximo viernes, 13 de abril, al Consejo de Gobierno la posibilidad de trasladar los resultados de esta auditoría a la Fiscalía, por si pudiera existir, "desde nuestro punto de vista, perfiles razonables y serios de verificación de algún tipo penal".

11 abril 2012 | Publicado : 12:04 (11/04/2012) | Actualizado: 15:12 (11/04/2012)

El Gobierno extremeño encargó una auditoría para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la Sociedad Pública de Extremadura (GPEX), y lamentablemente los datos analizados correspondientes al año 2010, no dejan lugar a dudas de que se han producido una serie de "irregularidades graves". Así lo ha asegurado este miércoles el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha detallado que, por ejemplo, en el área del total de gastos de explotación, "en principio no existe ningún tipo de justificación" del 54,84 por ciento del presupuesto relativo a otros servicios, dietas y gastos de viajes.

Además, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, ha recalcado que del resto de gastos de explotación, la otra partida más importante, "el 20,03 por ciento", se dedica a arrendamientos. En este sentido, ha asegurado que "nos estamos encontrando con contratos de arrendamientos blindados". No obstante, a su entender, "lo más grave" y que se pone de manifiesto en esta auditoría es la existencia de contrataciones de inmuebles que no han sido utilizados.

A colación de esto último, ha puesto como ejemplo el contrato de un local en la calle Octavio Augusto de Mérida, que se alquiló en los años 2009 y 2010, y se pagó la cláusula de rescisión anticipada del contrato por un montante total de 165.360 euros, a pesar de que "nunca fue utilizado". Por "respeto" y por "no violentar ningún derecho a la intimidad, ni a la propia imagen", no ha querido facilitar nombres concretos, lo que sí ha aclarado que no hay ningún ex consejero socialista.

Además, el titular extremeño de Administración Pública ha precisado que el "problema" con el que se encuentra el Gobierno regional en el grupo GPEX, es que los contratos que se firmaron, "no fueron contratos que se firmaran en régimen de equilibrio de las partes". En este caso, con los inmuebles alquilados y los contratos que todavía vigentes, "no es que no exista equilibrio, sino que existe un desequilibrio a favor del arrendador".

Así pues, teniendo en cuenta los datos que reflejan esta auditoría, que la empresa ATD Auditores del Sector Público SL ha realizado por encargo del Gobierno de Extremadura y cuyos resultados ha dado a conocer ante los medios, Nevado-Batalla ha reconocido que la Sociedad Pública de Extremadura es "un modelo paradigmático de huida del derecho administrativo y del derecho público".

A su vez, en relación al capítulo de personal, según sus palabras, esta auditoría pone de manifiesto las "notables deficiencias" existentes en esta materia respecto a lo que tienen que ser los principios básicos de objetividad, publicidad, transparencia, mérito o capacidad. Y es que, el consejero ha revelado que en este análisis técnico se ha puesto de manifiesto que en el área de "reclutamiento de personal", en general, "no se ha ajustado" a estos principios.

De este modo, Nevado-Batalla ha explicado que se pone "especial énfasis" en el tratamiento contractual del personal directivo, en el que se han constatado "desviaciones retributivas", de tal forma que este personal que tenía "funciones de gestión directa", cobraba entre un 18 y un 133 por ciento más de lo que correspondía a puestos de su naturaleza en la administración.

Además, y según ha añadido el consejero, se hizo un "blindaje de hecho" del personal directivo, por el que "contrataciones que en origen eran personal directivo", en el momento de aquella "ficticia fusión de empresas que hubo en el grupo GPEX", esos contratos "se reconvirtieron en contrataciones laborales ordinarias".

En concreto, esta reconversión se realizó en "todos los contratos de alta dirección de todas las empresas que formaban parte" de esta Sociedad, y que en total afectaron a alrededor de 15 personas, que eran de confianza política para el anterior Gobierno socialista.

Por tanto, tal y como ha expresado Nevado-Batalla, estas "deficiencias" que ha destapado la auditoría demuestra también que "el dinero de los extremeños está sirviendo para pagar indemnizaciones que en principio no tendrían que haber sido así de no haberse adoptado las decisiones en materia de evolución de los contratos que se tomaron en su momento".

"Irregularidades" en las contrataciones a proveedores.

Respecto a la contratación con proveedores, el consejero de Administración Pública ha explicado que la auditoría ha detectado "irregularidades" en "prácticamente el 90 por ciento" de las contrataciones realizadas, que van desde la "inexistencia de informes de necesidad", como en la "constatación de la realización efectiva de los servicios", encontrándose "contrataciones que no tienen el respaldo del servicio del trabajo que se había contratado".

Y es que, según los datos que ha aportado, la contratación con proveedores supuso en 2010 un total de 7.155.776 euros, de los que se han encontrado "incidencias" en 6.434.012 euros, que van "desde la inexistencia de informes de necesidad" hasta la ausencia de la constatación de que se realizara el servicio contratado.

De este modo, con todos estos datos encima de la mesa, el consejero de Administración Pública ha señalado que esta auditoría ha "confirmado" la idea que el Gobierno de Extremadura ya había "percibido" al comenzar a gobernar, de que esta empresa que "decía ser socialmente responsable o que era un modelo de calidad", en realidad "no hay proporción entre esa imagen pública que se decía y se hacía de GPEX, y la realidad".

Se trata de una "realidad técnica, rigurosa y objetiva" la que ha mostrado esta auditoría, ha señalado Nevado-Batalla, quien ha apuntado que sus datos destapan la existencia de "irregularidades ciertamente graves", como la "inexistencia de justificaciones a la hora de contratar" y la "ausencia absoluta de justificaciones a la hora de realizar viajes o gastos en dietas", o la "opacidad" en partidas tan genéricas como otros gastos, en materia de reclutamiento y en mutación de contratos de alta dirección.

Ante esta situación, el consejero de Administración Pública propondrá este próximo viernes, 13 de abril, al Consejo de Gobierno la posibilidad de trasladar los resultados de esta auditoría a la Fiscalía, por si pudiera existir, "desde nuestro punto de vista, perfiles razonables y serios de verificación de algún tipo penal".

Y es que, a su entender, "cuando se contrata algo, por ejemplo un local, y no se utiliza pero se paga, a mí cuanto menos me sorprende", al igual que cuando se contrata una obra o servicio y no existe "testimonio alguno" de que el resultado se haya realizado "y no lo encuentro", considera que debe haber "algún tipo de fraude".

De ahí, que vaya a proponer que se faciliten los datos a la Fiscalía para que ellos "puedan valorar si existen o no indicios, que yo aprecio y que a lo mejor no lo son, se concretan o no", aseguró.

Misma política de personal.

Finalmente, a preguntas de los periodistas de si se van a producir despidos de cara al futuro, el consejero ha recalcado que "en principio, la política de personal en materia de GPEX sigue siendo la misma, todo ellos sin las modulaciones o matices que evidentemente el día a día nos proporciona", teniendo en cuenta que la realidad "es muy cambiante", y que existen contratos por obra y servicio que llegan a su fin y que, por tanto, no pueden considerarse despidos.

No obstante, ha reconocido que en la Administración pública extremeña hay mucho personal, por lo que "hay que resolver" esta situación que considera "irregular", y esto se hará. "¿Cuántas contrataciones irregulares de GPEX se han regularizado?. Pues muchas. Por eso hay que regularizar la situación y adoptar las medidas que sean necesarias para normalizarla", insistió el consejero, quien ha indicado que también tiene que haber ahorro "sin tener que despedir" a nadie.

CONTRATO DE JAIME RUIZ PEÑA

Ep.

Aprovechando su intervención, el consejero de Administración Pública ha hecho alusión a la decisión de un Juzgado de Badajoz de desestimar la demanda presentada por el ex director general de GPEX, Jaime Ruiz Peña, tras su despido del grupo empresarial de la Junta a raíz de la llegada del PP al Gobierno extremeño, ya que entendía que no se ajustaba a derecho.

Nevado-Batalla ha valorado que esta sentencia supone un "primer paso y un espaldarazo a la política de personal" del Gobierno de Extremadura. Y es que, según ha considerado el consejero, "una persona contratada como alta dirección, no puede mutar a contrato" laboral, y en ese sentido ha recordado que Ruiz Peña ya fue indemnizado "por su contrato de alta dirección".

Igualmente, el titular extremeño de Administración Pública ha añadido que en caso de que Ruiz Peña hubiera ganado esta demanda judicial, GPEX tendría que haberle indemnizado con más de 100.000 euros, por lo que ha valorado el dinero que se han ahorrado las arcas públicas extremeñas.

"No hace falta ser adivino para saber que esa sentencia supongo que será recurrida por Jaime Ruiz Peña, y ya veremos qué sucede en segunda instancia. Pero el uno va antes que el dos", concluyó.

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